El abogado querellante en el caso Procultura, Pablo Toloza, arremetió contra el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por rechazar la prisión preventiva para los cuatro imputados –incluido el exdirector Alberto Larraín– y decretar solo arraigo nacional.
El profesional calificó la resolución como “un fallo judicial que le falla a la ciudadanía” y anunció una apelación ante la Corte de Apelaciones.
Contradicciones y presuntos errores jurídicos
El querellante señaló “errores garrafales” en la resolución, especialmente en la calificación de Larraín. “El tribunal señala que no sería funcionario público, siendo que fue director de una corporación del Gobierno Regional”, afirmó, contradiciendo la interpretación del juez.
Además, según reportó Radio Bío Bío, el abogado criticó que el tribunal considerara un tema administrativo el depósito de cerca de $1.600 millones de recursos públicos en fondos mutuos, práctica prohibida por ley, donde se habrían generado $200 millones en intereses para el fisco.
Toloza, también apuntó a lentitud procesal por los constantes cambios de fiscal –más de dos años y medio de investigación– y a contradicciones entre jueces del mismo tribunal, lo que a su juicio evidencia “un cambio de criterio difícil de justificar” con los mismos antecedentes.
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