Luego de que este lunes se conociera la posibilidad de un traslado de Emilio Berkhoff al Centro de Detención Preventiva (CDP) de Lebu, desde la cárcel concesionada de Biobío, el martes la Asociación de Oficiales Penitenciarios (ANOP) difundió un comunicado en que rechazan la resolución judicial que involucra al “imputado de alto compromiso delictual”. Fue tras una investigación por tráfico de drogas, el año 2020, que Berkhoff se encuentra recluido cuando se permitió desarticular un procedimiento en que se decomisó casi una tonelada de droga.

“Históricamente hemos sido respetuosos de las resoluciones judicial, sin embargo, creemos que esto debe ser recíproco“, afirmó la organización, indicando que “quienes nos hemos desempeñado como alcaides del establecimiento, así como también nuestras autoridades regionales, podemos aseverar de manera categórica que este recinto no posee las condiciones mínimas de seguridad para albergar un perfil criminológico, así como tampoco posee la oferta de reinserción que requiere un multireincidente” como Berkhoff.

“En materia comparada, cuando grupos criminales, mafias, pandillas, carteles u otros logran relativizar la administración de la justicia, nos encontramos muy cerca de un punto de no retorno, por lo tanto, instamos a reaccionar y actuar con la inmediatez que se requiere para esta nueva delincuencia organizada de carácter transnacional que amenaza la democracia y paz social”.

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“Los costos de que involucra esta decisión implicarán que sea el personal de Gendarmería los responsables de las consecuencias de esta decisión”, dijeron, advirtiendo que “hemos visto que se ha hecho cada día más frecuente distintos grupos de internos ligados principalmente al conflicto mapuche, situación que no ocurre con quienes cometen delitos denominados ‘comunes’, encontrando a través de la vía del inicio de huelgas de hambre, la manera de conseguir sus objetivos”.

Asimismo, a través de su Twitter la ANOP insistió: “Gendarmería es un organismo auxiliar del Poder Judicial, pero necesitamos que nos den las herramientas para garantizar el cumplimiento efectivo de las penas“, expresaron, agregando que “no es posible que decisiones judiciales pongan en riesgo la paz social”. Así, culminaron, “el C.D.P. de Lebu no reúne condiciones básicas de seguridad y tratamiento“.

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