En medio de las controversias generadas por el millonario sueldo de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián (USS), un grupo de senadores de oposición y oficialismo presentó un proyecto que modifica la Ley de Educación Superior para incluir a universidades y centros de formación técnica.
¿De qué se trata el proyecto?
La iniciativa, impulsada por la senadora Yasna Provoste (DC) y apoyada por Paulina Núñez (RN), Claudia Pascual (PC), Gustavo Sanhueza (UDI) y Alfonso De Urresti (PS), busca que los establecimientos educacionales transparenten sus datos de contrataciones, sueldos, costos de matrículas, entre otros.
Asimismo, se exigirá que las instituciones publiquen los aportes públicos que reciben y las razones del financiamiento. Cabe mencionar que los establecimientos públicos ya están obligados a cumplir con esta normativa por la Ley de Transparencia, pero las entidades privadas no están sujetas a ella.
Otras obligaciones incluyen la publicación de la nómina de personas contratadas por la institución, su función y remuneración, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral, así como las remuneraciones o dietas de sus cuerpos directivos.
Esta información será enviada a la Superintendencia, que se encargará de fiscalizar y sancionar a los establecimientos.
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