Un grupo de diputados de oposición ingresaron este martes un proyecto de ley para que las autoridades imputadas en delitos de corrupción que opten por la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, cesen de manera inmediata en el ejercicio de sus funciones y queden inhabilitadas por al menos tres años.
La iniciativa fue presentada por el parlamentario Gonzalo Winter (CS) y aplica para imputados por cohecho, fraude al fisco, malversación de caudales públicos y delitos electorales. De acuerdo a sus impulsores, esto va en línea con las recomendaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a Chile para la lucha contra la corrupción.
El proyecto lleva por nombre “Ley Moreira”, ya que, según relataron los diputados, “este mes se cumplen dos años desde que el senador Moreira, pese a que reconoció públicamente los hechos delictivos para financiar su campaña, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público para la suspensión condicional del procedimiento“.
Winter señaló que “en los últimos años, los casos de corrupción socavaron la legitimación de todo el sistema político, no solo por la gravedad de los casos, sino también por la impunidad. En el caso del senador Moreira, quien optó por la suspensión condicional, la ciudadanía nunca tuvo claridad si era culpable o no de los delitos, por lo tanto, quedó un manto de duda en su caso y, posteriormente, siguió legislando”.
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Al ejemplo de Moreira sumaron la petición de la Fiscalía para desaforar al senador Manuel José Ossandón (RN) en el marco de un caso por presunto tráfico de influencias.
Una de las firmantes del proyecto es la presidenta de Revolución Democrática (RD), la diputada Catalina Pérez, quien manifestó que “es imprescindible elevar los estándares de probidad y transparencia. Todas y todos tienen el derecho de conocer a qué intereses responden sus representantes y si son culpables o inocentes de un delito vinculado a corrupción. Algo tan sencillo como eso hoy no es posible si senadores y diputados tienen la posibilidad de acceder a salidas alternativas en vez de enfrentar un juicio oral”.
“No podemos seguir de brazos cruzados cuando vemos que parlamentarios investigados por corrupción pueden seguir legislando“, agregó.
Otros firmantes de la iniciativa son los parlamentarios Daniel Núñez (PC) y Leonardo Soto (PS), entre otros.
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