Proyecto de ley sobre convivencia escolar fue aprobado en general por Comisión de Educación del Senado

Este miércoles, de manera unánime, la Comisión de Educación del Senado aprobó el proyecto de ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional y tiene como objetivo prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales.

Tras la votación, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, agradeció el resultado y enfatizó la importancia de avanzar en este proyecto, que busca mejorar la convivencia educativa para estudiantes, apoderados y trabajadores de la educación.

En ese contexto, destacó que esta iniciativa fue ingresada con un alto nivel de prioridad, debido a las situaciones que se han observado en materia de convivencia y violencia escolar. Por tanto, instó a “ponerle un poco más de ritmo a la discusión, por la necesidad y urgencia que esto tiene, sin perjuicio de que nos tenemos que hacer cargo de las observaciones que se han ido dando”.

En caso de aprobarse, el proyecto establecerá la obligatoriedad de que todos los establecimientos que reciben recursos o aportes del Estado cuenten con un coordinador de convivencia con dedicación exclusiva, jornada completa y un perfil adecuado al cargo, considerando flexibilidades para ciertos establecimientos según sus particularidades.

Además, establece responsabilidades directivas en la elaboración de los Planes de Gestión de la Convivencia e incluye temáticas relevantes como la promoción y prevención de conductas de riesgo (consumo de drogas, hechos delictuales, entre otras), mecanismos de detección de factores de riesgo y la derivación de casos críticos.

También propone un resguardo especial para los equipos educativos ante agresiones de estudiantes y apoderados, remitiendo estos hechos y enmarcándolos en las normas del Código del Trabajo que regulan la violencia ejercida por terceros en el entorno laboral. Ante estos casos, se deberán implementar medidas y procedimientos que resguarden la integridad y el bienestar de los profesionales y asistentes de la educación.