El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, imputada por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos en el marco del caso conocido como “Muñeca Bielorrusa”.
Tras la audiencia, su defensa —encabezada por el abogado Jorge Valladares— anunció que recurrirá contra la resolución y aseguró que el fallo “deja abierta la discusión” ante la Corte de Apelaciones.
“Vamos a seguir confiando (…) lo que queda ahora es recurrir en contra de la resolución. Viendo la parte positiva es que el tribunal se hace cargo de todos los puntos que nosotros expusimos, por lo tanto deja abierta la discusión ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones respecto de cada uno de los puntos”, señaló Valladares a la salida del Centro de Justicia.
El defensor sostuvo que el tribunal se encuentra en un análisis preliminar de “viabilidad jurídica”, y que la defensa sigue “echando de menos” antecedentes que permitan acreditar un acuerdo que, según dijo, es un elemento central para sostener el cohecho. “Para que sea cohecho tiene que concatenarse con otros elementos (…) lo primero es que esto sea consecuencia de un acuerdo y que efectivamente eso haya existido”, planteó.
Consultado sobre si Vivanco habría sido parte de ese supuesto acuerdo, Valladares afirmó: “Nadie de los aquí presentes, nadie de los que vio esta audiencia puede decir que en algún momento Ángela Vivanco fue parte de un acuerdo, de un acuerdo corruptor finalmente”. Añadió que incluso los “acuerdos tácitos” requieren “contexto” y “prueba”, y recalcó que la carga de sostener la imputación recae en el Ministerio Público.
“Presión preventiva”: el reproche al razonamiento del tribunal
En otro tramo de sus declaraciones, Valladares cuestionó la lógica que —a su juicio— se desprende del razonamiento judicial. “Condicionó la libertad a la cooperación”, dijo, agregando que la prisión preventiva puede transformarse en “presión preventiva” si se interpreta como un incentivo a colaborar.
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