El caso de esclavitud infantil en la ciudad de Iquique ha conmocionado al país: un niño de 13 años fue sometido a hechos de violencia física y trabajo forzado por parte de su madrastra.
La imputada, identificada como Glenda Espinoza, de 53 años, fue detenida y formalizada por el delito de homicidio en grado de frustrado, tras una investigación del Ministerio Público que dio cuenta de los sistemáticos abusos cometidos contra el menor.
En ese contexto, la senadora de la Unión Demócrata Independiente, Luz Ebensperger, presentó un proyecto de ley que busca llenar un vacío legal: en Chile, no existe una figura penal autónoma que castigue la esclavitud o servidumbre ejercida por particulares.
La iniciativa aborda situaciones en las que una persona es sometida, controlada o explotada como si fuera propiedad de otra, sin necesidad de que exista una red de trata. Son casos en los que las personas son retenidas contra su voluntad, sin salario, bajo amenazas, o forzadas a trabajar en condiciones degradantes.
“Es incomprensible que, en pleno siglo XXI, sucedan casos muy cercanos a la esclavitud, como lo que conocimos del niño en la región de Tarapacá —que yo represento— o el caso de la niña en Rancagua. Y lamentablemente, cuando revisamos nuestro Código Penal, vemos que situaciones como esa, cuando son ejercidas por una persona particular, no están previstas. Se puede buscar otro tipo de delito, pero no se ajusta a la situación puntual, salvo en los casos de trata de personas o delitos de lesa humanidad. Pero ahí se exige, ¿no es cierto?, que esos delitos, cuando se priva de la libertad personal, sean causados por grupos u organizaciones, y no —como en estos casos— por una sola persona”, explicó la legisladora Ebensperger.
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La iniciativa propone penas de presidio mayor en cualquiera de sus grados y establece agravantes cuando la víctima sea menor de edad, adulto mayor, persona con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. También sanciona a quienes compren, vendan, financien o faciliten estos actos.
El proyecto, que también contó con las firmas de los senadores Paulina Núñez (RN), Claudia Pascual (PC), Alfonso De Urresti (PS) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), se enmarca en los compromisos internacionales de Chile en materia de derechos humanos, y busca terminar con la impunidad frente a prácticas de esclavitud moderna que hoy no tienen castigo.
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