En conversación con CNN Chile Radio, el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, detalló la estrategia entregada a la Corte de Apelaciones. Si bien se busca una salida voluntaria, el operativo policial se postergaría hasta enero debido al despliegue de seguridad por elecciones y fiestas de fin de año.
El Gobierno ingresó oficialmente ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso el plan de desalojo para la denominada “megatoma” de San Antonio.
La medida, que responde a un mandato judicial, apunta a recuperar las 115 hectáreas que no formarán parte del proceso de expropiación anunciado por el Ejecutivo para el desarrollo de un plan habitacional, lo que implicará el retiro de aproximadamente 2.100 familias del sector.
En entrevista con CNN Chile Radio, el delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Yanino Riquelme, confirmó que el documento fue presentado la noche del jueves, estableciendo los lineamientos operativos para cumplir con el dictamen judicial y, al mismo tiempo, gestionar la crisis social derivada de la ocupación.
“Esto va en paralelo con el anuncio que se ha hecho respecto del plan habitacional. De las 215 hectáreas aproximadamente que están ocupadas, cerca de 100 o 110 son las que se van a necesitar para el plan habitacional y, por lo tanto, debemos avanzar con un plan para desocupar el resto”, explicó la autoridad regional.
¿Cuándo comenzará el desalojo?
Aunque el Gobierno ha manifestado a la justicia su intención de actuar “a la brevedad posible”, el calendario electoral y las festividades de fin de año imponen restricciones logísticas para el despliegue de la fuerza pública.
Riquelme señaló que las próximas semanas presentan “complejidades” debido a la procesión de Lo Vásquez, la segunda vuelta de gobernadores y las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
“Esos son un pie forzado de alguna forma que tenemos para poder partir de inmediato“, sostuvo el delegado.
Al ser consultado sobre si esto significa que el desalojo iniciaría derechamente en enero de 2025, Riquelme confirmó que es el escenario más probable para no desviar recursos policiales críticos: “Esa es nuestra propuesta de no desviar los recursos que hay que tener establecidos para cumplir con todas las necesidades de seguridad”.

Megatoma de San Antonio / Imagen referencial de Agencia UNO
Estrategia por cuadrículas y salida voluntaria
La magnitud del asentamiento en San Antonio —considerado el campamento más grande del país— obliga a una ejecución fraccionada. Según detalló Yanino Riquelme, la planificación se basa en “cuadrículas” de hectáreas, permitiendo un avance progresivo que incluirá el cierre perimetral inmediato de las zonas recuperadas.
“Hemos hecho una planificación en base a cuadrículas (…) para ir cercando, para ir haciendo todo el trabajo posterior a que se vayan retirando las familias y eso en consonancia también con los albergues que sean necesarios“, indicó.
El Ejecutivo apuesta a que la definición de las zonas que serán urbanizadas (y por ende expropiadas) incentive el retiro pacífico de quienes quedaron fuera de ese perímetro. “Entendemos que va a haber un proceso bastante voluntario respecto de desocupar las hectáreas que no van a ser ocupadas con el plan habitacional“, afirmó el delegado, quien agendó reuniones con la Federación de Cooperativas para la próxima semana.
El impacto social: 5 mil personas afectadas
El catastro actual que maneja la Delegación Presidencial estima que el desalojo impactará a cerca de la mitad de la población actual de la toma. “Estamos hablando de aproximadamente 2.000, 2.100 familias las que están en la parte a desocupar”, precisó Riquelme, cifrando en cerca de 5.000 personas el total de afectados que deberán abandonar el terreno.
Sobre el destino de estas familias, la autoridad reconoció la imposibilidad de ofrecer soluciones habitacionales definitivas inmediatas para tal volumen de personas, por lo que el plan contempla albergues transitorios. “No podemos pensar en albergues definitivos para 5.000 personas, pero sí también es un plan que va involucrando el movimiento“, aseguró.
Finalmente, respecto a las 100 hectáreas restantes que serán parte de la solución habitacional del Ministerio de Vivienda, Riquelme aseguró que el proceso de expropiación avanza en paralelo y se espera que quede dictado “antes del término de nuestro gobierno“.