Según cifras del Servicio Nacional de Migraciones, el proceso estuvo marcado por la implementación del Programa Rezago, que agilizó la tramitación de residencias definitivas.
El flujo migratorio hacia Chile mostró en 2025 un giro relevante en su composición y un fuerte incremento en la entrega de permisos de trabajo, de acuerdo con cifras del Servicio Nacional de Migraciones.
Durante el año pasado se otorgaron 196.933 visas, más del doble que en 2024, cuando se entregaron 97.419.
El aumento de 102% marca una recomposición en la procedencia de quienes llegan al país: por primera vez desde 2017, los ciudadanos venezolanos dejaron de encabezar la lista de visados laborales, recogió La Tercera.
En su lugar, los ciudadanos bolivianos pasaron a ocupar el primer puesto.
Del total de permisos concedidos en 2025, el 60% correspondió a personas de Bolivia, con 116.828 visas otorgadas.
Los venezolanos, en tanto, descendieron al segundo lugar con 24.609 permisos, equivalentes al 12,5% del total.
Desde el Servicio Nacional de Migraciones atribuyen ese resultado a la implementación del Programa Rezago, que permitió agilizar la tramitación de residencias definitivas pendientes mediante el refuerzo de personal destinado a esa tarea.
Según el organismo, las residencias definitivas han concentrado históricamente la mayor parte de la recaudación total, consolidándose como el principal componente de ingresos por derechos migratorios.
No obstante, a partir de 2025 las residencias temporales comienzan a adquirir un mayor protagonismo relativo en esta estructura.
Más allá del volumen de ingresos, las cifras también dan cuenta del impacto fiscal asociado al pago de derechos migratorios.
Entre 2022 y 2025, el Fisco recaudó $62.884 millones —unos US$73 millones— por este concepto.
De ese monto, $40.049 millones (alrededor de US$46 millones) provinieron de visas de residencia definitiva, mientras que $22.834 millones (cerca de US$26 millones) correspondieron a residencias temporales.
El año con mayor recaudación dentro del período analizado fue 2023, cuando los ingresos alcanzaron $28.258 millones (US$33 millones).
A diferencia del anuncio de la administración de Boric, en 2019 la ayuda se gestionó a través de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.
