El gobernador Claudio Orrego comentó la solicitud de suspensión de audiencia por parte de la Fiscalía Regional de Antofagasta, en el marco de la solicitud de desafuero en su contra dentro de la investigación del Caso ProCultura. “Ha cometido enormes errores de hecho y de derecho, confundiendo instituciones, plazos y pruebas”, señaló Orrego contra el ente persecutor.
La Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó suspender la audiencia que estaba fijada para esta semana en la que se analizaría la solicitud de desafuero en contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el denominado Caso ProCultura.
El ente persecutor busca fijar otra fecha para la audiencia, que estaba programada para este jueves 13 de febrero a las 8:30 horas; sin embargo, esta decisión deberá ser adoptada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que revisará dicha solicitud.
Una petición que no cayó nada bien a Orrego, quien arremetió con todo contra el Ministerio Público. “Me parece inexplicable e incomprensible que luego de dos años de investigación y transcurrido cerca de seis meses desde que se formuló esta acusación, ellos estén una vez más suspendiendo la audiencia. Esto es un tema que debe zanjar el tribunal competente, y nosotros esperamos que la Fiscalía no vuelva a suspender esta audiencia, porque es ahí donde vamos a mostrar los errores que ha cometido el ente persecutor y, lo más importante, el absoluto buen proceder del gobierno regional desde el punto de vista legal y ético. Ha cometido enormes errores de hecho y de derecho, confundiendo instituciones, plazos y pruebas”, afirmó en Radio Biobío. Y subrayó: “Vamos a litigar en los tribunales como corresponde”.
Respecto a las acciones judiciales que se están llevando en paralelo, Orrego detalló que: “Recordemos que el GORE Metropolitano es querellante en esta causa. Nosotros vamos a perseguir penal y civilmente hasta recuperar estos mil millones de pesos que le pertenecen a todos los santiaguinos”, y agregó que: “El programa Quédate —de prevención de suicidios— no solamente se ejecutó durante su implementación, sino que además se sigue implementando y sigue salvando vidas, lo que demuestra que este programa respondía a una necesidad de nuestra región”.
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Por su parte, el fiscal Juan Castro Bekios argumentó que: “Los elementos de convicción que se requieren para una solicitud de desafuero, el estándar es absolutamente distinto al que se requiere para formación de causa; esa convicción por parte del Ministerio Público se mantiene absolutamente intacta”.
Y complementó: “Nosotros hicimos una solicitud de desafuero en base a antecedentes que ya teníamos a la fecha y que siguen teniendo vigencia. Entiéndase bien: que se rechace una cautelar no significa que eventualmente no haya condena, así como cuando hemos dicho que, cuando se acepta una cautelar, no es sinónimo de condena”.
En tanto, el abogado querellante de la UDI, Pablo Toloza, expuso que: “Estamos de acuerdo con la solicitud de la Fiscalía, sobre todo en atención a que se encuentra pendiente el conocimiento de la apelación de la resolución del 7º Juzgado de Garantía, presentada por el ente persecutor, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y esta parte querellante”.
En esa línea, concluyó: “Entendemos que es importante que se vea primero la apelación de esa resolución para conocer el desafuero”.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.
