La eventual adopción de medidas fiscalizadoras por parte del Congreso marcó la evaluación del diputado Raúl Leiva respecto de la reciente presentación del director general de la PDI, Eduardo Cerna, ante la Comisión de Seguridad.
El parlamentario sostuvo en Radio Pauta, que la situación aún no se cierra en el plano político y anticipó posibles acciones desde el Legislativo. “Se analizan dos alternativas, interpelación o comisión investigadora”, afirmó, subrayando que estas instancias permitirían esclarecer responsabilidades con mayores herramientas, incluso mediante declaraciones bajo juramento.
En su análisis, Leiva planteó que, si bien el procedimiento se ajusta a la normativa vigente, persisten vacíos relevantes en la explicación de fondo. “Hay un decreto supremo que acoge el retiro (…) no hay ningún problema”, indicó, aunque enfatizó que la controversia no radica en la legalidad, sino en la ausencia de justificaciones.
En esa línea, cuestionó directamente la falta de argumentos sobre la salida de la exsubdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña. “No se esboza siquiera ningún fundamento”, señaló, destacando además su rol dentro de la institución y su experiencia en materias vinculadas al crimen organizado.
El diputado también abordó el contexto en que se desarrolló la comparecencia del jefe policial, criticando que enfrentara solo la instancia parlamentaria.
“Esta es una problemática política que no debiera descansar sobre los hombros de una institución no deliberante”, sostuvo, agregando que la ausencia de autoridades del Ministerio de Seguridad podría interpretarse como un intento de eludir responsabilidades.
Pese a ello, Leiva defendió el margen de acción de Cerna, asegurando que su exposición se ajustó a lo esperable dentro de su cargo. “Lo que plantea el director de la Policía es lo que tenía que decir”, afirmó, junto con añadir que “no tiene otra alternativa, es un pie forzado”, dado que contradecir a la autoridad política podría comprometer su permanencia.
Finalmente, el legislador advirtió sobre posibles efectos al interior de la PDI, señalando que la decisión podría generar tensiones internas y afectar su funcionamiento. En ese sentido, recalcó la importancia de definir con claridad los límites entre la conducción política y la labor policial, como un elemento clave para resguardar el sistema de seguridad.
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