La iniciativa contempla sanciones económicas de hasta 50 UTM para padres o tutores que, tras ser advertidos por los colegios, no adopten medidas frente a conductas de bullying.
Una iniciativa legislativa en discusión busca reforzar el rol de las familias en la prevención del acoso escolar, estableciendo multas para apoderados cuyos hijos incurran de manera reiterada en este tipo de conductas sin que exista una intervención efectiva desde el hogar.
El proyecto, presentado en diciembre de 2025 por la senadora María José Gatica (RN), fue recientemente entregado a la ministra de Educación, María Paz Arzola, con el objetivo de que el Ejecutivo respalde su tramitación en el Congreso.
La propuesta plantea modificar la Ley General de Educación (N° 20.370), incorporando una disposición en su artículo 16 D.
En ella se establece que los padres o tutores que hayan sido formalmente notificados por un establecimiento educacional sobre situaciones de acoso protagonizadas por sus hijos, y que no implementen acciones para evitar que estos hechos se repitan, podrán ser sancionados con multas de hasta 50 Unidades Tributarias Mensuales, equivalentes a más de $3,4 millones.
Además, el texto considera que, en caso de reincidencia en las conductas de hostigamiento, la sanción económica podría incrementarse, incluso duplicándose.
Para evitar estas medidas, los apoderados deberán demostrar ante el establecimiento que han tomado acciones concretas orientadas a corregir el comportamiento del menor.
La parlamentaria impulsora de la iniciativa ha señalado que los protocolos internos de los colegios, si bien han aumentado en los últimos años, no son suficientes cuando no existe un compromiso efectivo por parte del entorno familiar.
En ese sentido, enfatizó que el propósito del proyecto es incentivar la participación activa de los padres en la formación y supervisión de sus hijos.
Asimismo, el planteamiento surge en medio de un escenario marcado por un aumento de denuncias de acoso escolar y episodios de alta gravedad en comunidades educativas, lo que ha intensificado el debate sobre la eficacia de las herramientas actuales para enfrentar este fenómeno.
De aprobarse, la normativa se integraría al marco legal vigente que regula la convivencia escolar, incorporando explícitamente la responsabilidad de los apoderados en la prevención de la violencia dentro de los establecimientos educativos.
"¿Qué hubiera ocurrido si en vez de que ella hubiera servido, Kast hubiera servido? Ahí tienes un mensaje de género absolutamente claro". Según Montecino, "estamos frente a una imagen y a una simbólica muy tradicional" que obliga al país a preguntarse empíricamente "quién cuida".
