El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, presentó un recurso de protección contra el Gobierno y también dirigido hacia la contralora Dorothy Pérez.
¿El motivo? La apertura del sumario en su contra, sobre la cual el exsubsecretario -formalizado tras ser acusado de una agresión sexual por una exsubordinada- apunta a que hubo actuares “ilegales y arbitrarios” que “carecen de una adecuada motivación, y se adoptaron estando cursada mi renuncia”.
De acuerdo a la información revelada por La Tercera, en el documento Monsalve asegura que dicha situación “se traduce en actuaciones de una comisión especial, incumpliendo las exigencias de una investigación y procedimiento racionales y justos, lo que como se verá, amenaza, lesiona y vulnera el legítimo ejercicio de las garantías de la que soy titular”.
“Atendido que he sido objeto de múltiples imputaciones por eventual responsabilidad administrativa, no obstante, la expiración de mis funciones en el cargo, habiéndose adoptado de facto la decisión de promoverla, sin conocimiento alguno de los hechos por parte de la funcionaria que aparece suscribiendo la resolución, sin que me fuera notificada, y una nueva instrucción por la Contraloría, estando aceptada y cursada mi renuncia, es por eso que se ha quebrantado los derechos señalados“, asegura Monsalve.
Del mismo modo, relata cómo se entera del inicio del sumario en su contra mientras se encontraba preso en Capitán Yáber, luego que se decretara la medida cautelar de prisión preventiva en su contra.
“En el mes de marzo de 2025, encontrándome recluido en el anexo Capitán Yáber, se me solicita declarar en este sumario, cuya existencia desconocía, empero, solo con fecha 9 de junio de los corrientes, he sido notificado personalmente en mi domicilio de la ciudad de Viña del Mar -atendido que me encuentro sometido a la medida cautelar señalada-, de la formulación de siete cargos en mi contra por mi presunta responsabilidad administrativa”, acota él.
A su vez, sostiene que el sumario se abrió cuando él ya no era funcionario público. Por esto, señala que “en tales condiciones, el procedimiento disciplinario, carece de competencia material y resulta lesivo a las normas elementales de un debido proceso, quebrantando el principio de igualdad, legalidad y la garantía de prohibición de juicos ad hoc, pues se ha instruido un sumario, no obstante, la renuncia al cargo y la extinción de la responsabilidad administrativa”.
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