Las autoridades aseguraron que ninguna familia que cumpla las condiciones solicitadas será desalojada.
Este lunes, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo reafirmó que el plan habitacional del Cerro Centinela, en donde se ubica la mega toma de San Antonio, continúa vigente, en medio del proceso de desalojo judicial que se desarrolla en el sector, y aseguraron que las familias que cumplen con los requisitos no serán desalojadas y accederán a los subsidios comprometidos.
A través de un comunicado, se detalló que el programa contempla a 40 cooperativas, una federación y un proyecto habitacional en desarrollo, diseñado para responder a las necesidades de más de 3.500 familias que no cuentan con otra vivienda y que han avanzado en su regularización cumpliendo las exigencias del Estado, como el ahorro previo y la inscripción formal.
Respecto a la reubicación, se reiteró que solo las familias pertenecientes a las cooperativas incluidas en el plan habitacional tienen derecho a este beneficio.
Para ello deben estar catastradas, residir efectivamente en el cerro, no contar con vivienda ni subsidio previo del Serviu y haber cumplido con el ahorro exigido.
Las autoridades aseguraron que ninguna familia que cumpla estas condiciones será desalojada.
Asimismo, se informó que en las próximas semanas comenzará la asignación de subsidios para las familias que cumplen los requisitos, recursos que estarán destinados a la urbanización del terreno expropiado, paso clave para materializar el proyecto habitacional.
El Gobierno reiteró su disposición al diálogo con las cooperativas y llamó a la calma, advirtiendo que la violencia pone en riesgo el trabajo realizado durante meses para permitir que las familias accedan a una solución habitacional integrada a la ciudad de San Antonio.
Las autoridades desmintieron versiones que han circulado en los últimos días respecto a una supuesta paralización del proceso de expropiación del terreno.
Según señalaron, la expropiación está en curso, cuenta con respaldo legal y administrativo, y su avance puede ser verificado tanto en las publicaciones del Diario Oficial como en los antecedentes presentados ante los tribunales.
En relación con los hechos de violencia registrados durante el desalojo, se indicó que estos habrían sido protagonizados por personas que no cumplen los requisitos del plan habitacional, incluyendo individuos con más de una propiedad, ocupantes de múltiples lotes dentro del campamento y grupos que habrían lucrado con la necesidad de vivienda.
Además, se advirtió sobre la presencia de organizaciones vinculadas al crimen organizado, acusadas de intimidar a la población y de utilizar armas de fuego contra Carabineros.
Las autoridades subrayaron que estos grupos son minoritarios y que no representan a la mayoría de los habitantes del Cerro Centinela, quienes —afirmaron— han actuado de manera pacífica.
También denunciaron la difusión de información imprecisa que afecta tanto a las familias como a sus dirigentes, algunos de los cuales, señalaron, han sido amenazados.
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