Ministro Rabat habría recibido tres advertencias por costo político de rebajar penas a condenados por delitos sexuales antes de la polémica

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, habría recibido tres advertencias acerca de los costos políticos que podría llevar conceder rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales, antes de que estos beneficios ocasionaran una crisis en el Gobierno.

Según una investigación de T13, las alertas se produjeron entre febrero y mayo de 2026, las que habrían incluido reparos técnicos y políticos respecto del cambio de criterio que terminó permitiendo la aprobación de las rebajas de penas.

El primer aviso se habría dado durante una reunión de traspaso de mando entre el propio Rabat y su antecesor, Jaime Gajardo, el pasado 2 de febrero. En la cita, el exministro le explicó que el criterio aplicado por la administración anterior era rechazar las solicitudes de reducción de condena en casos de delitos sexuales contra menores de edad, a excepción de que la Corte Suprema acogiera los recursos presentados por los condenados.

De acuerdo al citado medio, durante esta reunión también se revisaron informes que establecían la necesidad de considerar la edad de las víctimas al analizar las sentencias. Según esta investigación, esta fue la primera señal que recibió Rabat.

La primera advertencia

Luego, el 26 de marzo, Rabat comenzó a evaluar las alternativas frente al aumento de los recursos judiciales presentados por condenados que buscaban este beneficio.

En abril del presente año, el titular de Justicia convocó una reunión con su equipo y asesores técnicos para analizar las alternativas jurídicas disponibles. En esta instancia, se recibieron advertencias políticas sobre las consecuencias de modificar el criterio utilizado hasta entonces.

Concretamente, se le habría planteado la necesidad de ponderar el aumento de los recursos judiciales frente al costo de conceder estos beneficios a los condenados, esencialmente en casos graves o de gran atención pública. Además, se le habría recomendado establecer un criterio claro para fundamentar el rechazo de estas.

Pese a estos dichos, el secretario de Estado habría priorizado los argumentos jurídicos por sobre las consideraciones políticas, manteniendo su postura respecto a la aplicación vigente.

La presión que existe en el Gobierno

Una de las mayores revelaciones que estas alertas no habrían sido comunicadas al presidente Kast. Según el medio, esto coincide con las declaraciones del propio ministro del pasado 22 de octubre, cuando sostuvo que el mandatario no estaba al tanto de estos hechos.

La última advertencia habría ocurrido en mayo, cuando un funcionario le planteó a Rabat que no debía avanzar en otorgar los beneficios, considerando las consecuencias que podría ocasionar.

Sin embargo, Rabat habría vuelto a respaldarse por los argumentos constitucionales para respaldar su postura.

Según T13, en La Moneda hay una preocupación respecto al costo político que ha representado esta controversia.

Frente a ello, se sumaría el costo económico de su defensa ante el Congreso, que el Gobierno desembolsaría cerca de $17 millones para financiar un abogado que represente a Rabat frente a una eventual acusación constitucional.