El Gobierno respondió a las críticas que han realizado por parte de la UDI
Tras los cuestionamientos y la acusación de la UDI sobre eventuales irregularidades en el financiamiento de la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet por el pago durante su carrera electoral, todo esto por el supuesto pago de 240 millones a una asesora comunicacional con cargo a la mandataria, aseguran que podrían ser falsas.
El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo señaló que “la campaña presidencial primaria, primera vuelta, segunda vuelta ha sido aprobada por todos los organismos que corresponden, que es el Servel, es una campaña que está impecable, y si usted la revisa, probablemente es la rendición más completa que se ha hecho en campañas presidenciales, en tanto no tenemos nada que agregar. Así que si alguien quiere aquí la regla del empate, le va a ir mal” aseguró el ministro.
Por otro lado, el ministro Vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde agregó que “Hay una línea divisoria entre cumplir y no cumplir la ley, efectivamente la UDI ha tenido problemas judiciales y en su estrategia política lo que pretende es meter a todos en el mismo saco para evadir la propia responsabilidad”.
Felipe Ward, jefe de la bancada de la UDI, aseveró que debe aclararse si hay personas que recibieron dinero por servicios que no se realizaron. “Aquí habría pruebas de que en la campaña de la presidenta se habría hecho lo mismo”, recalcó respecto al caso Pena.
Lo más leído
- Ipsos: Un 68% de los chilenos cree que hoy es más difícil encontrar trabajo que hace un año y un 62% cree que sueldos son insuficientes
- Diputado Raúl Soto (PPD) acusa que reforma constitucional es un "caballo de Troya" en nombre de la seguridad
- "Es responsabilidad mía": La autocrítica del Presidente Kast tras descoordinación de ministro Alvarado por requerimiento ante el TC
- Borrador de reforma de seguridad: Presidente Kast afirma que "vamos a respetar los derechos de salud de cada persona"
- Millonaria disputa de Metro con contratista de la tuneladora de Línea 7: Empresa china cuestiona cobro de garantías por US$ 69 millones