El ministro de Justicia, Luis Codero, aseguró que el rechazo del Tribunal Constitucional a los requerimientos presentados por Chile Vamos para impugnar 7 de los 13 indultos presidenciales “demuestra que la atribución presidencial se ha ejercido ajustada a la Constitución y la ley”.
“Y en consecuencia, como lo anticipe desde mi arribo como ministro, la forma y modo en que se había producido la impugnación ante el TC obligaba a defender la forma y modo en que ministros y presidentes anteriores han ejercido la atribución de indulto”, agregó.
En ese sentido, el secretario de Estado recordó que “las personas indultadas están sometidas a un régimen de cumplimiento y remisión condicional de la pena (…) y que cualquier incumplimiento de las condiciones en que han sido otorgados, implicará que vuelvan a cumplir sus condenas a un recinto penitenciario”.
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— CNN Chile (@CNNChile) March 21, 2023
“La ciudadanía tiene que estar tranquila”
Al ser consultado por el contraste entre las declaraciones que emitió la ministra Vallejo en enero y recientemente el subsecretario Monsalve sobre el conocimiento de los antecedentes previos de las personas indultas, Cordero planteó que “la ciudadanía tiene que estar tranquila“.
“En primer lugar, el TC ha ratificado que el ejercicio de la potestad constitucional se ha hecho ajustada a la Constitución y a la ley. Segundo, es responsabilidad del Estado, dado el tipo de indulto, mantener la vigilancia y el cumplimiento de las condiciones respecto de las personas indultadas”, añadió.
“El Ejecutivo da por cerrado este capítulo”
Por último, el titular de Justicia y Derechos Humanos, recordó “un antecedente que es clave considerar. Ningún Gobierno desde el retorno a la democracia ha ejercido la potestad de indulto sin conflictos públicos“.
“Si hay una de las enseñanzas que deja este proceso y los procesos anteriores (…) es que sostener la potestad de indulto en una persona como decisión unipersonal es probablemente una tensión del sistema institucional muy grande“.
Por último, subrayó en que no se puede “impedir que cualquier persona, por cualquier delito y en cualquier penal presente una solitud de indulto”.
“Sin embargo, respecto de estos hechos, el Ejecutivo da por cerrado este capítulo“, zanjó.
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