El presidente Kast anunció que, para cortar de raíz el problema generado por las rebajas de penas a abusadores de menores, patrocinará el proyecto del senador Squella que deroga la Ley 19.856, que promueve la reinserción social de los presos premiando la buena conducta observada durante el cumplimiento de las condenas.
Es cierto que, si se deroga esta ley, nunca más un ministro de Justicia podrá cometer el estropicio de validar rebajas de penas a violadores y abusadores de menores, escudándose en que, al final, la Corte Suprema puede obligarlo a hacerlo si los condenados apelan de su resolución negativa.
El problema es que la ley que permite premiar a quienes observan conducta ejemplar en la cárcel es una herramienta importante de gobernabilidad del sistema carcelario. Derogarla provocará la pérdida de incentivos a la buena conducta y la reinserción, elevando la conflictividad y violencia dentro de las cárceles, además de aumentar el hacinamiento en un sistema ya saturado.
Hay soluciones más simples a esta crisis y sin efectos negativos:
- Reclutar un ministro de Justicia que defienda que la exclusión de beneficios afecta a todos los abusadores de menores, independientemente de cuándo cometieron el delito.
- Ampliar el catálogo de exclusiones a otros crímenes que también tienen alta probabilidad de reincidencia y baja capacidad de reinserción social.
- Señalar expresamente en la ley que se trata de beneficios, no de derechos, y, por tanto, no rige la irretroactividad que hizo suya el ministro Rabat.
La desesperación es mala consejera, presidente. No resuelva un problema creando otro. Su gobierno validó rebajas de penas para estos crímenes atroces y, para expiar su culpa, propone ahora eliminar la aspiración de obtener rebajas de sus penas para todos los condenados, sin importar la gravedad de sus delitos, la edad en que los cometieron, su comportamiento y su voluntad de reinserción social.
Como dice ese antiguo proverbio alemán que usted debe conocer bien: no bote al bebé junto al agua sucia de la bañera.
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