En el segundo gobierno de Sebastián Piñera se presentaron seis acusaciones contra ministros, más las dos contra el presidente. En el gobierno del presidente Boric, ocho contra ministros, suma a la que se agregan las acusaciones contra jueces e intendentes y todas las discusiones que se generaron en torno a ellas.
Después de estos dos gobiernos, me pareció a mí, pero quizás estaba equivocado, que existía cierto consenso en que se había abusado de este instrumento.
No todo error justifica una acusación constitucional, no toda diferencia política justifica una acusación constitucional. Excepción, por supuesto, que yo creo que hoy día se arrepienten: la lamentable acusación constitucional que hace pocos meses presentaron los sectores más duros del oficialismo contra el exministro Grau. Acusación que en ese minuto dijimos en este lugar que le iba a rebotar como boomerang a este mismo gobierno porque ya no se puede acusar a los ministros del presidente Boric porque ya pasó el plazo.
Si no todo error justifica una acusación constitucional, es muy importante no seguir degradando las instituciones. Y es por algo que los juristas más importantes de la oposición han sido muy escépticos de esta acusación constitucional contra el ministro Rabat que aún no se presenta. De hecho, el exministro (Luis) Cordero la semana pasada en este mismo lugar fue extraordinariamente tibio en el apoyo a esa acusación.
La oposición sigue insistiendo en que va a presentar una acusación contra el ministro Rabat, de la que aún no sabemos los términos exactos, pero sería importante hacerse la pregunta de si acaso no seguimos degradando las instituciones y que el costo lo va a volver a pagar la izquierda cuando le toque gobernar.
No sigamos degradando las instituciones de nuestro país.
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