La Megarreforma sale del Congreso, pero todavía no es ley: Los tres vetos de Kast, la cadena nacional y la batalla pendiente en el TC

La Megarreforma salió del Congreso, pero su texto todavía no está cerrado. El Senado aprobó este martes la última norma pendiente del proyecto y le entregó al Gobierno su principal victoria legislativa hasta ahora, aunque el camino hacia la promulgación aún conserva dos estaciones decisivas: los vetos presidenciales y el Tribunal Constitucional.

Con 27 votos, la Cámara Alta respaldó el informe de la Comisión Mixta que establece la fórmula para compensar a los municipios por los ingresos que dejarán de percibir tras la exención de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años.

La votación puso fin a una tramitación regular que comenzó el 22 de abril y que durante casi cuatro meses obligó al Ejecutivo a negociar apoyos mínimos, modificar algunos de sus puntos más sensibles y sortear un último tropiezo provocado por la falta de votos en sus propias filas.

El despacho, sin embargo, no convierte automáticamente a la Megarreforma en ley. El Presidente José Antonio Kast debe ingresar las observaciones anunciadas contra tres disposiciones incorporadas durante el debate parlamentario, mientras el Tribunal Constitucional mantiene bajo revisión los requerimientos presentados por la oposición.

Los votos que cerraron el último nudo

La única norma que seguía abierta era la compensación municipal. El artículo había sido rechazado en la Cámara de Diputadas y Diputados al no alcanzar el quórum requerido, por lo que debió pasar a una Comisión Mixta y regresar posteriormente a ambas salas.

El Senado debía votar el informe el 22 de julio, pero el Gobierno solicitó postergar la definición ante el riesgo de una derrota. A las dudas de algunos senadores oficialistas se sumó la condición planteada por parlamentarios de Coquimbo, quienes exigieron garantías para financiar la reconstrucción de la región tras los recientes temporales.

Antes de la votación de este martes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció un protocolo con los senadores Matías Walker y Sergio Gahona para comprometer recursos destinados a las zonas afectadas.

“Hemos llegado a un protocolo de acuerdo, donde básicamente se le da garantías a la región de que van a estar los recursos para la reconstrucción”, señaló Quiroz.

El Presidente Kast también intervino en el ordenamiento de su sector. La noche del lunes se reunió en La Moneda con los cinco senadores de la UDI, incluida la bancada que dos semanas antes había expresado reparos frente a la compensación municipal.

Después de la cita, el jefe de los senadores gremialistas, Gustavo Sanhueza, confirmó que los cinco votos del partido respaldarían el informe. Ese apoyo permitió al Ejecutivo superar el mínimo de 26 sufragios que exigía la norma.

Kast busca capitalizar el triunfo

Con la votación despejada, La Moneda intentará instalar la aprobación como el cierre de la primera gran reforma del Gobierno y como una señal de capacidad política después de meses de negociaciones estrechas.

Kast tiene previsto dirigirse al país este miércoles mediante una cadena nacional, en la que abordará el despacho de la iniciativa y proyectará la agenda que asumirá el Ejecutivo después de cerrar esta etapa.

El mensaje replicará la estrategia utilizada en abril, cuando el mandatario presentó la Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social. Esta vez, el objetivo será destacar la aprobación de sus ejes centrales: la rebaja gradual del impuesto corporativo desde el 27% al 23%, la reintegración tributaria y el régimen de invariabilidad para grandes inversiones.

La cadena también debería marcar un cambio en las prioridades legislativas de La Moneda. Tras concentrar buena parte de sus esfuerzos en la agenda económica, el Gobierno buscará reforzar la tramitación de sus proyectos de seguridad.

Los tres vetos que devolverán la reforma al Congreso

La celebración oficial convivirá con una nueva ronda legislativa. El Gobierno resolvió presentar vetos contra tres artículos que avanzaron durante la discusión parlamentaria pese a la oposición de Hacienda.

Las observaciones apuntarán al denominado derecho al olvido financiero, a la prohibición del anatocismo —el cobro de intereses sobre intereses— y a las disposiciones destinadas a garantizar el pago a las pequeñas y medianas empresas en un plazo máximo de 30 días.

Quiroz confirmó la decisión y cuestionó los efectos de esas normas. “Las tres son iniciativas que suenan bien, pero traen malas consecuencias”, señaló el ministro.

El derecho al olvido financiero busca limitar la consideración de ciertas deudas antiguas en las evaluaciones crediticias. La prohibición del anatocismo restringe la capitalización de intereses, mientras la tercera norma refuerza las obligaciones de pago oportuno a proveedores de menor tamaño.

El Ejecutivo sostiene que, pese a sus objetivos, las disposiciones pueden restringir el acceso al crédito, aumentar el costo del financiamiento o producir efectos adversos para las mismas personas y empresas que pretenden proteger.

Una nueva tramitación que no comenzaría de inmediato

Los vetos deberán ser ingresados formalmente y luego revisados por las comisiones de Hacienda y las salas de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado. El Congreso puede aprobar las observaciones, rechazarlas o insistir en el texto que había despachado.

La intención inicial de La Moneda era cerrar este nuevo trámite durante la misma semana. Sin embargo, las mesas parlamentarias transmitieron al Ejecutivo que no existen condiciones para una votación inmediata.

El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, explicó que primero deben respetarse las urgencias vigentes y evaluarse una eventual sesión especial. El escenario más favorable para el Gobierno situaría la primera votación de los vetos el lunes 10 de agosto.

La oposición también ha pedido que las observaciones sean analizadas con tiempo. Sus bancadas cuestionan que el Ejecutivo busque eliminar normas aprobadas por el Congreso y advierten que el uso del veto prolongará una discusión que ya estuvo marcada por la rapidez de su tramitación.

La batalla que sigue en el Tribunal Constitucional

El segundo frente pendiente está fuera del Congreso. Parlamentarios de oposición presentaron tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional para impugnar disposiciones tributarias y medioambientales de la Megarreforma.

Una de las acciones cuestiona el esquema de invariabilidad tributaria, que garantiza condiciones impositivas por períodos de 10, 15 o 20 años para determinadas inversiones. Los requirentes sostienen que esa estabilidad limita las facultades de futuros gobiernos y legislaturas.

Los otros reparos apuntan a normas ambientales, entre ellas la indemnización que podría recibir el titular de un proyecto cuando una Resolución de Calificación Ambiental favorable sea anulada posteriormente.

El último pronunciamiento público del TC ocurrió el 30 de julio. Ese día, el organismo otorgó tres jornadas a los autores de dos requerimientos para corregir aspectos formales antes de resolver su admisión a trámite. El tercer recurso, relacionado con los artículos 29 y 38, quedó bajo estudio de antecedentes.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, defendió la ofensiva constitucional y sostuvo que el objetivo es obtener una revisión de fondo sobre la invariabilidad tributaria y las indemnizaciones vinculadas a resoluciones ambientales.

Desde el oficialismo, en cambio, se ha acusado a la oposición de utilizar el TC para revertir una derrota legislativa. El presidente de Republicanos, Arturo Squella, calificó los reparos formales como una señal de improvisación y pidió no utilizar el organismo para “hacer puntos políticos”.

¿Cuándo podría convertirse en ley?

Aunque existen interpretaciones que permitirían promulgar primero las normas que no fueron impugnadas, Hacienda preferiría esperar que todo el articulado quede resuelto y realizar una sola promulgación.

Fuentes de Gobierno citadas por La Tercera sitúan ese escenario hacia mediados o fines de agosto, una vez terminada la revisión de los vetos y despejadas las impugnaciones constitucionales.