La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en forma unánime el informe de la comisión mixta sobre el proyecto que sanciona el ingreso de elementos prohibidos al interior de cárceles.
La iniciativa, que fue despachada al Senado para su último trámite, amplió los casos sancionables de ingreso de objetos como drogas, teléfonos o armas.
En concreto, se determina una “sanción de pena de presidio menor en su grado mínimo a medio (desde 61 días a 3 años y un día) para quien ingrese, intente o permita ingresar mediante lanzamiento desde el exterior o por vía no destinada al efecto, con dirección al interior de un establecimiento penitenciario, cualquier objeto o sustancia”, detallaron desde la Cámara.
La pena aumentará en un grado en caso de establecer que “el objeto o sustancia, por su naturaleza o función, fuese idóneo para afectar la seguridad o el control del recinto, la integridad de quienes se encuentren en su interior o facilitar la fuga de personas privadas de libertad”.
En el texto también se plantea que, si dichas conductas fueran realizadas por un empleado público para “facilitar la perpetración de crímenes o simples delitos, se aumentará la pena correspondiente en un grado y, además, conllevará la inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos”.
También se señala que si un recluso tuviera en su poder intercomunicadores, teléfonos, partes de ellos, chips telefónicos u otros elementos tecnológicos que permitan comunicarse con el exterior, sin estar legal o reglamentariamente autorizado al efecto, habrá una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio.
Asimismo, “quien se encuentre privado de libertad en un establecimiento penitenciario, tuviese en su poder alguno de los elementos prohibidos mencionados, no pudiendo menos que conocer que su ingreso al establecimiento se verificó por alguna de las vías previstas (como los pelotazos) tendrá una pena equivalente a la del ingreso de tales elementos”.
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