La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Pía Silva Gallinato, abordó los desafíos que enfrentará durante su gestión y respondió a los cuestionamientos sobre el rol que cumple el organismo.
Durante su primera entrevista con La Tercera, enfatizó que una de sus prioridades es seguir fortaleciendo la institución y dar a conocer la función que desempeña el TC, ya que, a su juicio, aún existe bastante confusión al respecto.
“Aquí se ejerce un control para velar por la supremacía constitucional, y eso significa que uno juzga actos que vienen de otros órganos, pero a la luz de la Constitución. A veces hay mucha incomprensión y se termina creyendo que, porque entramos a juzgar esos actos desde el punto de vista jurídico, se hace una especie de control político. Y eso no es así, porque somos, en primer lugar, un tribunal, y un tribunal lo que hace es aplicar el Derecho, ejercer un control jurídico y, en este caso, un control de constitucionalidad de las normas”, comentó en el citado medio.
Consultada por los cuestionamientos provenientes de distintos sectores políticos, enfatizó: “No es raro que nos atribuyan que ejercemos una especie de tutela sobre los órganos políticos, pero lo que hacemos es, sencillamente, velar por la supremacía constitucional, y esa es una tarea compleja, porque requiere cierta expertise, aplicar criterios jurídicos y entender que la Constitución es un conjunto de reglas, principios y valores que se interpretan de acuerdo con criterios de interpretación constitucional que no son los típicos de una ley”.
“Son métodos particulares de interpretación. Aquí uno tiene que razonar y decir: ‘¿Sabe qué? Eso no es propio de nuestra esfera; esto le corresponde al Legislador, esto le corresponde al juez y esto le corresponde al Ejecutivo’. Nosotros no podemos claudicar de nuestras facultades. Tenemos el deber de actuar y declarar esa inconstitucionalidad, algo que siempre es de última ratio. Eso nos impone otro deber, porque uno tiene que explicar muy bien por qué declara inconstitucional una regla, ya que, evidentemente, las consecuencias de nuestras sentencias son muy gravitantes para el destino de un pueblo”, complementó.
Al ser consultada por los calificativos que describen al TC como una “cámara política” o una “tercera cámara”, subrayó que se trata de un tribunal colegiado integrado por personas con distintas sensibilidades, pero cuya principal función es aplicar la Constitución y resolver casos.
“Somos un tribunal, no somos actores políticos”, remarcó. Además, agregó que la tarea de la institución es actuar como “un árbitro que dirima el conflicto desde la perspectiva de la aplicación del derecho constitucional”.
Por ello, reiteró que calificar al TC como una “tercera cámara” refleja una incomprensión respecto de la función que cumple el organismo.
Finalmente, reflexionó: “No me siento presionada por las críticas que puedan venir de un sector político o de otro, porque, en la medida en que uno cumple con su rol, está cumpliendo con su deber”.
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