Este lunes, y tras varias semanas fuera de la escena pública, Marco Enríquez-Ominami concurrió al Ministerio Público para prestar declaración en el marco de una denuncia administrativa que él mismo presentó por el denominado Caso SQM.
La acción busca establecer eventuales responsabilidades de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, de la fiscal adjunta Paola Castiglione, y de otros funcionarios que pudieran resultar involucrados.
La diligencia se realizó un día después de la elección presidencial y tuvo como eje central su testimonio sobre el actuar de la Fiscalía durante la investigación que lo involucró por más de una década.
Según explicó el excandidato presidencial independiente, su comparecencia no apuntó a denunciar nuevos hechos, sino a relatar su experiencia dentro de un proceso que, a su juicio, estuvo marcado por irregularidades y un uso desproporcionado del sistema judicial, recogió Radio Biobío.
ME-O sostuvo que estuvo once años imputado de manera injusta, pese a haber terminado absuelto, período en el que —afirmó— fue marginado del debate público y de la competencia política.
En ese sentido, acusó filtraciones, imputaciones falsas y una utilización política de la justicia que terminó afectando su vida personal, familiar y su proyecto político.
El excandidato remarcó que la denuncia no tiene únicamente un objetivo reparatorio en lo personal, sino que busca evitar que situaciones similares se repitan, estableciendo responsabilidades administrativas en investigaciones financiadas con recursos públicos.
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