Este viernes el Gobierno presentará el veto a la Ley de Usurpaciones, para intentar eliminar la “legítima defensa privilegiada” de la normativa aprobada por el Senado y regular la proporcionalidad de las penas.
El proyecto busca regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, aumentando las sanciones de estos e incorporando mecanismos más eficientes de restitución.
En concreto, la iniciativa modifica el Código Penal para establecer penas privativas de libertad por el delito de usurpación y facilitación de la detención de los ocupantes.
El Gobierno se había desmarcado del proyecto, ingresando una serie de indicaciones y solicitudes de votaciones separadas.
Además, el Ejecutivo advirtió que la normativa presentada por la Comisión de Seguridad Ciudadana podría permitir la “autotutela”, es decir, que las personas dueñas, o que se sientan dueñas, de un terreno o inmueble tomado, puedan por la fuerza recuperarlo.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció la decisión de presentar el veto luego de que el Senado aprobara la iniciativa con 24 votos a favor, 17 en contra y 1 abstención el pasado 30 de agosto.
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