La subsecretaria de Educación Superior precisó que la limitación a la gratuidad contemplada en el plan “Escuelas Protegidas” se aplicará únicamente a estudiantes con condena vigente por hechos graves, con posibilidad de excepciones vinculadas a procesos de reinserción.
En el contexto del plan “Escuelas Protegidas”, la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Váldes, abordó en ADN Hoy, los alcances de una eventual limitación a beneficios estatales para estudiantes involucrados en hechos de violencia, enfatizando que su aplicación será restringida.
La autoridad explicó que la medida no tendrá un impacto amplio debido a las exigencias legales que implica. “Cuando hablamos de un alumno condenado por violencia, son procesos largos. Es difícil establecer responsabilidades penales y que exista una condena firme. Por lo tanto, esta medida probablemente afectará a muy pocos estudiantes, pero es una señal de que los conflictos deben resolverse de manera pacífica”, señaló.
En relación con la duración de la sanción, precisó que esta será acotada en el tiempo. “Esa inhabilidad es por cinco años, no es para siempre. No se deja sin oportunidades de forma definitiva, porque todas las personas pueden cometer errores”.
Consultada por las críticas, reconoció que la disposición puede ser cuestionada. “Si se entiende como un doble castigo, puede ser visto así, pero también estamos señalando que los actos de violencia extrema tienen consecuencias graves”.
Junto con ello, destacó que la iniciativa no solo contempla sanciones, sino también medidas formativas para enfrentar distintos tipos de conflictos dentro de las comunidades educativas. “El proyecto también considera instancias de capacitación para profesores y acompañamiento, porque la mayoría de las situaciones de violencia son de ese tipo y deben abordarse desde lo pedagógico”, indicó.
En esa línea, profundizó en la diferencia entre los distintos niveles de violencia. “Desde lo pedagógico hay que distinguir distintos tipos de violencia. La violencia que llega a ser condenada es extrema, atenta contra la integridad física de las personas o contra la infraestructura pública. Hay otras violencias menores, como faltas de respeto o situaciones de bullying, que también son relevantes, pero requieren intervenciones pedagógicas”.
Asimismo, aclaró que existirán excepciones en la aplicación de la medida. “Puede haber una excepción si ese estudiante que estuvo condenado participa en un plan de reinserción social, lo que permitiría no aplicar la medida”.
En cuanto a los criterios específicos, la subsecretaria fue enfática en delimitar su alcance. “Quiero precisar la medida: lo que establece el proyecto es que se aplica a estudiantes que han sido condenados, es decir, sobre quienes pesa una condena. No es cualquier acto de violencia. Se trata de casos con responsabilidad penal acreditada, con las excepciones que contempla la ley de responsabilidad penal adolescente”.
Finalmente, subrayó el rol que deben cumplir las instituciones educativas frente a estos hechos. “Las instituciones educativas no pueden dar señales equívocas respecto de la violencia. Son lugares para aprender, generar vínculos, desarrollarse como personas y aportar al país. No puede haber espacio para la violencia”.
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