La candidata presidencial del PC y Acción Humanista abordó la polémica por el uso irregular de licencias médicas en el sector público. Defendió a los más de 850 mil funcionarios del país y se refirió directamente a Marcos Barraza, a quien calificó como cercano, pero sujeto a las mismas exigencias que el resto.
En medio de la controversia por el uso irregular de licencias médicas en el Estado —caso que involucra a más de 25 mil funcionarios según la Contraloría—, la candidata presidencial Jeannette Jara se refirió por primera vez a la situación de Marcos Barraza, exministro de Desarrollo Social y figura vinculada a su campaña.
“Él también tendrá que someterse a la misma vara y al mismo estándar que todas las demás personas”, afirmó Jara a CNN Chile, al ser consultada por la presencia de Barraza en la nómina investigada por haber solicitado licencia médica tras un viaje internacional en 2023, cuando se desempeñaba como jefe de gabinete de la alcaldesa Irací Hassler.
La candidata del Partido Comunista y Acción Humanista reconoció su cercanía con el exministro: “No es cercano a mí solo en términos políticos. Hemos tenido una trayectoria juntos desde jóvenes”, señaló. Aclaró que Barraza no tiene un rol formal en su comando, pero que “sí me entrega su opinión y algunos consejos permanentemente”.
Pese a ese vínculo, Jara marcó una línea clara respecto al caso: “A mí me parece que es una falta grave a la probidad”, sostuvo, agregando que “la destitución debiera estar dentro del panel de sanciones posibles” ante infracciones de ese tipo.
En paralelo, defendió la labor de los trabajadores del Estado: “Estas 25 mil licencias médicas no pueden hacer de esas personas la regla general. En Chile hay más de 850 mil funcionarios públicos que entregan su labor día a día. No se puede meter a todos en el mismo saco”, enfatizó.
En un comunicado difundido por redes sociales, Marcos Barraza aseguró que su viaje al Congreso del Partido del Trabajo en México fue autorizado por la Municipalidad de Santiago y que la licencia médica se emitió una vez de regreso en el país, tras presentar síntomas de enfermedad.
La Fiscalía abrió una investigación de oficio para determinar si existe responsabilidad penal en estos casos, mientras la Contraloría ya derivó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.
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