El 29 de septiembre de 2022, el presidente Gabriel Boric promulgó la Ley de Presupuesto 2023, donde resaltó con un discurso centrado en la lucha contra la inseguridad.
En dicho presupuesto, se asignaron 39 mil millones de pesos con el propósito de desarrollar y fortalecer las capacidades operativas de las instituciones involucradas en la prevención, control y persecución del crimen organizado.
En este contexto, según información entregada por Radio Biobío, el centro de estudios Espacio Público se prepara para lanzar su segundo informe sobre “el gasto en seguridad pública”.
El informe destaca que, hasta junio de este año, el Plan Nacional contra el Crimen Organizado ha ejecutado solo un 19,4% de los recursos asignados.
El informe enfatiza que no es suficiente contar con anuncios y recursos adicionales.
“No basta solo con los anuncios y la disponibilidad de nuevos recursos, sino también una bajada de cómo estos se traducirán en políticas más robustas para fortalecer la seguridad del país, definiendo el cómo y los plazos en los que dará su cumplimiento”, explicaron.
Según el análisis de Espacio Público, el presupuesto se divide entre varias instituciones responsables de la seguridad.
El 45% se destina a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), el 32% a los tribunales de justicia y otro 20% a centros penitenciarios.
El medio mencionado aclara que desde el Ministerio del Interior no se han referido directamente a la información revelada por Espacio Público; sin embargo, han señalado que el porcentaje mencionado no es preciso.
Cabe destacar que el estudio de Espacio Público, donde se entregan más detalles acerca de la Ley de Presupuestos, estará disponible desde este miércoles 20 de septiembre.
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