El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de Senado, Guido Girardi, anunció que presentarán una denuncia penal contra quienes resulten responsables por el derramamiento de petróleo en una planta de tratamiento de agua de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal), que llevó a la compañía a cortar el suministro de agua potable en Osorno.
“Vamos a presentar una denuncia penal, porque queremos que esto lo persiga el Ministerio Público“, aseguró el senador.
Además de la acción legal, que espera ejercer durante la semana del 15 de julio, Girardi anunció que citarán a las autoridades involucradas a la comisión, con el fin de desarrollar normas que eviten estas situaciones.
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“Vamos a citar a las autoridades para poder avanzar, aprender de esta situación, y poder establecer normas que prevengan, que eviten y que obliguen a estos gerentes de empresa (que) si no toman las medidas de resguardo, pueden tener sanciones incluso penales“, dijo el senador.
Tras la contaminación del agua potable en #Osorno hay serias negligencias. Citaremos a comisión de Medio Ambiente al superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, y presentaremos denuncia criminal en el Ministerio Público contra los responsables. https://t.co/D1lnxfPgWE
— Guido Girardi (@guidogirardi) July 13, 2019
En ese sentido, Girardi hizo hincapié en la necesidad de fiscalizar las empresas sanitarias del país antes que ocurra un hecho como el que tuvo lugar en Osorno.
“Me parece que es urgente solicitar y exigir que se haga una fiscalización a todas las sanitarias de Chile, para ver en qué condición están trabajando, para ver si hay situaciones que son de riesgo, o, incluso, situaciones que en el pasado pasaron inadvertidas”.
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Sobre el actuar del MOP y la intendencia regional, el congresista señaló que “han hecho una buena labor”.
En tanto, las autoridades han llamado a Essal a que restituya el suministro de agua potable a los más de 48 mil hogares afectados hasta el 16 de julio.
Desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios adelantaron que la multa por la situación desatada alcanzaría los $600 millones.
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