El 10 y 11 de diciembre se llevará a cabo la cumbre de Marrakech (Marruecos), que busca resolver el Pacto Mundial para la Migración.
El Gobierno de Chile decidió restarse de la firma de la Organización de Naciones Unidas (ONU) al igual que Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel, Australia y República Dominicana.
La Moneda, través de un comunicado, dio a conocer los argumentos por lo que no se hará presente en la adopción del acuerdo que contempla 23 compromisos.
En el documento señalan que la política migratoria del Gobierno es clara: “Buscamos una migración ordenada, segura y regular. Estamos ordenando nuestra casa y deteniendo el ingreso de aquellos que lo hacen en forma irregular, que no respetan nuestras leyes, que vienen a cometer delitos o han cometido graves delitos en sus países de origen”.
“Si bien es cierto que el Pacto no es vinculante, sus disposiciones utilizan un lenguaje de carácter vinculante. Esto deja la puerta abierta para que actores internacionales interfieran en el diseño de la política migratoria nacional, lo que atenta contra nuestra soberanía” declararon del el Palacio Presidencial.
En esta oportunidad, se critica la forma en la que se presenta el acuerdo, apuntando a “graves inconsistencias y contradicciones con aspectos centrales de la política migratoria” del gobierno, argumentando que desde marzo de este año se encuentra en trámite un proyecto de Ley de Migraciones, que está en total concordancia con los tratados internacionales bilaterales y multilaterales ratificados por Chile.
Por otra parte, desde Palacio precisaron que en el Pacto “no hay una distinción clara entre los derechos y obligaciones de los migrantes regulares y los irregulares”, ya que además busca flexibilizar los procesos de regularización, facilitando el status de irregular a regular, lo que “atenta contra la seguridad migratoria”.
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Finalmente, desde el Gobierno aclararon que, si bien la migración es un fenómeno global que requiere de cooperación internacional, la última versión del tratado refleja ciertos cambios que no son compatibles con la política migratoria chilena, ya que “no resguarda de manera adecuada los intereses del país en esta materia”.
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