El Gobierno reaccionó al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la jueza Karen Atala, y se comprometió a cumplir la sentencia a la brevedad. La magistrada perdió la tuición de sus hijas en 2004, debido a su orientación sexual y el fallo establece que se violó el derecho a la vida privada de Atala y a la garantía de ser oído, porque no se consideró el testimonio de las menores.
El tribunal ordenó al Estado chileno a realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional y a publicar el fallo en el Diario Oficial, además del pago de una indemnización de cerca de 30 millones de pesos. "El Gobierno de Chile reitera su inclaudicable apego al derecho internacional, al respeto a los derechos humanos y al cumplimiento de las sentencias", afirmó el ministro de Justicia, Teodoro Ribera.
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