La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios puso un ultimátum al Gobierno antes de definir una paralización de sus funciones.
Todo aquello se desató tras la formalización del gendarme Héctor Palma, imputado por el delito de tortura y apremios ilegítimos en el caso de los reos ecuatorianos golpeados la semana pasada.
Desde La Moneda, sin embargo, rechazaron la movilización. Así lo dijo la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez:
“En democracia no tienen cabida los ultimátum, menos cuando existe un Gobierno, cuando existen autoridades que siempre han promocionado el diálogo”.
La vocera puntualizó que “no corresponden ni la movilización de los funcionarios públicos, en este caso de Gendarmería, sino que al contrario, el diálogo con la autoridad para encontrar mecanismos de solución, no abandonando sus funciones que son demandadas por el Estado”.
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