El ministro de Seguridad, Luis Cordero, señaló que el crimen del exteniente venezolano no puede considerarse como un homicidio común, debido a la compleja estructura logística que implicó su ejecución, apoyando así la teoría de Fiscalia sobre el caso.
El crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda sigue generando repercusiones a nivel político y judicial.
Este jueves, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó que el Gobierno respalda la tesis del Ministerio Público que apunta a una posible autoría intelectual extranjera en el caso.
Durante una actividad en la comuna de La Pintana, Cordero señaló que el asesinato de Ojeda no puede considerarse como un homicidio común, debido a la compleja estructura logística que implicó su ejecución.
“Este delito es extremadamente grave, no solo por su violencia, sino por la forma en que fue planificado. No es comparable con otros crímenes similares en el país”, indicó.
El cuerpo de Ojeda fue hallado en marzo de 2024 dentro de una maleta enterrada en un campamento en Maipú.
El exmilitar, quien había solicitado asilo en Chile tras huir del régimen de Nicolás Maduro, fue secuestrado por individuos que se hicieron pasar por agentes de la PDI el 24 de febrero del año pasado, desde su domicilio en Independencia.
La investigación liderada por el fiscal Héctor Barros ha apuntado directamente a una presunta orden emitida desde Venezuela.
Barros incluso vinculó al ministro del Interior de ese país, Diosdado Cabello, con el crimen, que habría sido ejecutado por miembros del grupo criminal Tren de Aragua.
Cordero coincidió con el fiscal en que se trataría de un “crimen por encargo” proveniente del extranjero, aunque se distanció de atribuirle motivaciones políticas, como sí lo ha hecho el persecutor.
“No estamos hablando de un crimen político en sí, pero sí de un hecho sumamente grave, porque habría sido ordenado desde un Estado extranjero en contra de una persona que estaba bajo protección en Chile”, explicó el ministro.
Frente a este escenario, el secretario de Estado advirtió que Chile actuará con decisión.
“El que encarga un crimen en Chile, aunque no haya ingresado al país, debe enfrentar la justicia. Chile va a solicitar sus extradiciones”, puntualizó.
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