La iniciativa contempla nuevas exigencias, un registro público centralizado y sanciones más estrictas para personas y entidades, con el objetivo de prevenir irregularidades y fortalecer la relación entre el Estado y las ONG sin fines de lucro.
A más de dos años de que estallara el Caso Convenios, el Gobierno se prepara para presentar un proyecto de ley destinado a modernizar la regulación de las fundaciones y corporaciones que colaboran con el Estado, en un intento por prevenir nuevos episodios de desvío de recursos públicos.
El caso, que salió a la luz a mediados de 2023 tras la denuncia de convenios irregulares entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, provocó una serie de investigaciones del Ministerio Público.
Lo que inicialmente parecía un hecho aislado, derivó en una crisis institucional: más de 30 ONG involucradas y fondos públicos comprometidos por más de $60 mil millones.
Pese a que desde el inicio del escándalo las autoridades anunciaron medidas para recuperar fondos mal utilizados y fortalecer la fiscalización, la actual normativa que rige a las fundaciones ha sido ampliamente criticada por su debilidad y falta de control.
Este proyecto de ley busca cerrar ese vacío normativo y establecer un nuevo marco que permita una relación más transparente y segura entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.
Ante el impacto político y social del escándalo, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), trabaja en los detalles finales de una reforma legal que busca imponer nuevos estándares en la relación entre el Estado y las organizaciones privadas sin fines de lucro, recogió La Tercera.
Según fuentes cercanas al proceso, el proyecto recoge las recomendaciones de la Comisión Ministerial creada tras la crisis, y apunta no solo a sancionar conductas indebidas, sino también a establecer mecanismos de control preventivos y sostenibles en el tiempo.
Entre los puntos centrales de la propuesta se contempla un cambio estructural: el proceso de otorgamiento de personalidad jurídica de fundaciones y corporaciones pasará desde las municipalidades al Ministerio de Justicia, con el fin de garantizar mayor uniformidad y supervisión legal.
Además, se creará un nuevo Registro Público de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, una plataforma electrónica de acceso abierto que reemplazará al actual registro del Registro Civil.
Este nuevo sistema reunirá información clave sobre juntas de vecinos, organizaciones comunitarias, fundaciones y otras entidades sin fines de lucro regidas por diversas normativas.
Otro componente clave del proyecto es la inclusión de un procedimiento administrativo sancionatorio, tanto para las organizaciones como para sus directivos.
En el caso de las personas naturales, se podrá aplicar inhabilitación para ejercer cargos directivos por hasta tres años, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Para las instituciones, la medida más drástica será la cancelación de su personalidad jurídica, una sanción que podrá ser aplicada por la Subsecretaría de Justicia tras un proceso administrativo y que podrá ser apelada ante las cortes respectivas.
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