El proyecto se presentó hace dos año al Congreso y fue aprobada en la Cámara de diputados.
El Gobierno se comprometió a poner suma urgencia al proyecto de ley que regula la providad en la función pública, que se encuentra en el parlamento desde mayo del 2011. La iniciativa busca prevenir los conflicto de interés de las autoridades en el ejercicio de sus funciones.
El Subsecretario de la secretaría general de la República, Claudio Alvarado, explicó que la ley perfecciona las norma existentes hoy. Entre ellas, está la opción de presentar la declaración de interés y patrimonios, lo que para este caso regulariza a todas las autoridades y funcionarios públicas para que no exista la diferencia de interpretación entre los organismos. Además, se entrega a la Contraloría General de la República la posibilidad de verificar los antecedentes entregados, algo que hoy no está en la legislación, recalcó el entrevistado.
Alvarado manifestó que hoy existe la obligación de declarar en forma patrimonial los intereses que se tienen en sociedad de participación directa, pero con esta norma todas las sociedades de valores que tenga un funcionario público deben ser declaradas, de no ser así incurre en una falta y sanción correspondiente.
El entrevistado enfatizó en la importancia que tiene el seguimiento y control en las instituciones posterior a la declaración de intereses y patrimonio. El parlamento en tanto, tiene estructurada estas declaraciones, pero esperan “uniformarlo” de manera que no existan interpretaciones que lleven a algunos funcionarios a no dar a conocer sus patrimonios por pensar que no era necesario, destacó el Subsecretario de la secretaría general de la República.
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