En suspenso quedó la querella que invoca la Ley de Seguridad del Estado en contra 22 manifestantes de Aysén a raíz de un error administrativo.
Los abogados del ministerio del Interior no presentaron un documento original en el requirimiento, tal como exige la ley. El Juzgado de Letras de Aysén dio un plazo de tres días al ministerio para entregar la copia autorizada y resolver la admisibilidad de la acción judicial interpuesta por el gobierno.
En ese escenario, la violencia reapareció en Puerto Aysén. Quema de buses policiales por un lado, pero también crecen las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros. Incluso, parlamentarios anunciaron que presentarán estos antecedentes ante la comisión de derechos humanos de ambas cámaras.
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