El Gobierno acudió al Tribunal Constitucional (TC) para frenar el artículo 31 de la megarreforma que busca prohibir el corte de servicios básicos por no pago en zonas declaradas en estado de catástrofe.
En concreto, la norma establece que las empresas concesionarias de servicios básicos (como agua, luz y gas) deberán reconectar de forma gratuita los servicios a los clientes que se encuentren en dichos sectores afectados.
Asimismo, fija plazos para concretar la reconexión: un máximo de 48 horas para los servicios de electricidad y gas, y de 24 horas para agua potable y alcantarillado. Además, prohíbe realizar cobros por la reconexión y establece compensaciones para los usuarios si las empresas superan estos plazos.
El requerimiento, firmado por el presidente José Antonio Kast junto a sus ministros, solicita que se declare inconstitucional la iniciativa, debido a que vulnera el artículo 69 de la Constitución, el cual establece que los parlamentarios pueden ingresar modificaciones a un proyecto de ley siempre que estén relacionadas con las ideas matrices del mismo.
De esta forma, el Gobierno sostiene en el documento que la norma, al tratarse de una reforma permanente y general en el funcionamiento de los servicios públicos concesionados, es “ajena al núcleo” de la megarreforma —destinada a reactivar la economía y acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios a inicios de 2026—, por lo que no cumple con lo estipulado en dicho artículo.
Además, en el requerimiento se advierte que durante la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional ya se había alertado que la norma era inconstitucional, en alusión a los reparos que formularon la diputada Constanza Hube (UDI) y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante el debate legislativo.
Quiroz explica las razones del Gobierno para recurrir al Tribunal Constitucional por la norma
Quiroz explicó que se acudió al Tribunal Constitucional con esta iniciativa debido a que en “el caso de esta iniciativa, estamos siendo apegados a la institucionalidad. Esto está fuera de la idea matriz. Cuando se presentó, yo mismo hice una reserva de constitucionalidad al respecto”.
En esa línea aseguró que el Gobierno no está cerrado “en ningún caso a que se haga algún tipo de norma especial para el tema de catástrofe con estos servicios”. Pero insistió en que es importante que primero la norma “se redacte bien y, a lo mejor, sea algo como artículo único”.
“Pensamos que es una idea que tal vez incluso se podría perfeccionar, pero es mejor hacerla bien de un comienzo y, por lo tanto, recurrimos al TC porque se está infringiendo un principio de institucionalidad al cual nos queremos apegar“, agregó.
Además, señaló que se decidió presentar el requerimiento ante el TC y no ingresar un veto debido a que querían avanzar rápido con el proyecto de ley y “el veto aditivo tiene más un tiempo de tramitación distinto y pensamos que esta es la forma de hacerlo”.
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