Revelan gastos de partidos políticos realizados con recursos del Estado

Durante en año 2018, los partidos políticos gastaron alrededor de 14 millones de dólares. La mitad de aquel monto (49%) provino del aporte fiscal que la Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia estipuló en el año 2016.

El 90% de este dinero fiscal fue destinado a financiar burocracia administrativa: personal (35%), gastos administrativos (49%) y pago de créditos y/o inversiones (6%). En contraposición, sólo el 10% del gasto total fue invertido en labores formativas.

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Según datos emitidos por el diario La Segunda, en la rendición de los partidos se pudo ver gastos que van desde remodelaciones hasta un costeo millonaria de artículos.

• Renovación Nacional reportó $3,9 millones en cambiar el piso flotante de su sede.
• La Unión Demócrata Cristiana gastó $15 millones anuales en aseo.
• La Democracia Cristiana pagó $7,8 millones por la membresía a un organismo internacional.
• El Partido Socialista invirtió $1,1 millones en pasajes para traer a José Mujica de visita a Chile.
• El Partido Comunista costeó medallas de Luis Emilio Recabarren por $7 millones.

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En la revisión también se pudo apreciar que 11 partidos políticos pagan remuneraciones a 31 dirigentes.

• Secretario general del PS, Andrés Santander: $4,9 millones.
• Secretario general de la UDI, Jorge Fuentes: $4,8 millones. 
• Secretario general de RN, Felipe Cisternas: $4,5 millones.
• Presidente de Evópoli, Hernan Larraín Matte: $4,5 millones.
• Presidente PPD, Heraldo Muñoz: $4,3 millones.
• Secretario Nacional DC, David Morales: $3,99 millones.
• Secretario General PPD, Sebastián Vergara: $3,2 millones.
• Secretario general PR, Mauricio Andrews: $2,5 millones.
• Tesorera Nacional PPD, Andrea Muñoz: $2,3 millones.
• Presidente de País Progresista, Camilo Lagos: $2,3 millones. 
• Tesorera nacional de País Progresista, Andrea Condemarín: $2,2 millones. 
• Subsecretario Nacional DC, Sebastián Llantén: $2,09 millones.
• Secretaria nacional Evópoli, Luz Poblete: $2 millones.

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La ley buscaba que las colectividades no dependieran completamente del financiamiento de privados, de modo de evitar la captura de la política por parte de grupos económicos, del crimen organizado o el narcotráfico, como ha ocurrido en otros países de la región.