El presidente de la República, Gabriel Boric, explicó este martes la decisión de usar su facultad administrativa de revocar las pensiones de gracia otorgadas a personas vinculadas con delitos cometidos durante el estallido social, a pesar de las dudas que han surgido por la posibilidad de que estas causas se judicializasen.
El mandatario dijo que, bajo su punto de vista, la revocación debería considerar antecedentes delictuales tanto previos como posteriores a la entrega de la pensión.
¿Qué dijo el presidente?
“Este tema es muy delicado, el debate de las pensiones de gracia ha estado centrado en que algunos de los beneficiarios tienen antecedentes penales. Hasta ahora, esos elementos no se consideraban ni en la ley ni en el procedimiento a la hora de ponderar su otorgamiento“, explicó el jefe de Estado.
El mandatario detalló que hay cerca de 18 mil pensiones de gracia vigentes en el país, la mayoría vinculadas a personas que han perdido su empleo producto de cambios en el modelo productivo del país.
Entre el total, también hay un número de personas que reciben el ingreso por “violaciones que ha realizado el estado a los derechos humanos de las personas“, dentro de las cuales han identificado a 50 personas con antecedentes penales.
“Lo que he mandatado a los organismos correspondientes es que se revise. Haré uso de mi facultad administrativa para que, en el caso de identificar a beneficiarios que tengan antecedentes por delitos graves como homicidio, violación, porte de armas o narcotráfico, personalmente hacer uso de ella para revocarlas“, detalló el mandatario.
Consultado sobre si esta revocación incluiría delitos perpetrados antes o después del otorgamiento de la pensión, el jefe de Estado respondió que “pueden considerarse las dos alternativas, pero me gustaría revisarlo jurídicamente en detalle. Hay que ser muy cuidadoso con los temas judiciales, pero mi postura es que se evalúe en ambos casos“.
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