Fundación Justicia y Verdad anuncia recurso de protección por Punta Peuco: Acusan que medida tiene “ánimo de venganza”

Por CNN Chile

03.11.2025 / 15:32

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La carta, firmada por la presidenta Loreto Iturriaga, y el abogado de la Fundación y de algunos reos de Punta Peuco, Raúl Meza, señala que la decisión informada por el presidente Gabriel Boric sería "arbitraria e ilegal".


Este lunes, el presidente Gabriel Boric informó que la Contraloría General de la República tomó razón del decreto que modifica las condiciones de Punta Peuco, pasando a ser un “penal común”, cambiando su nombre a Recinto Penitenciario de Tiltil.

Desde el Palacio de La Moneda, el mandatario afirmó: “Se acaba Punta Peuco como un penal especial para victimarios de la dictadura civil y militar que asoló Chile durante 17 años”.

La situación, en todo caso, provocó molestia en algunos sectores.

Desde la Fundación Justicia y Verdad anunciaron que presentarán un recurso de protección en contra del decreto, con el objetivo de dejar sin efecto la medida.

“Como entidad defensora de los derechos de los internos que cumplen condena en Punta Peuco, lamentamos profundamente la decisión que ha tomado el Presidente Boric de transformar el penal de Punta Peuco en una cárcel para reos comunes, la cual, tenemos la convicción que responde exclusivamente a un ánimo de venganza y persecución política en contra de internos de dicho penal y sus familiares, ya que no existen fundamentos administrativos, reglamentarios ni legales para transformar una cárcel segregada en un recinto para delincuentes comunes”, expresaron en un comunicado.

La organización, firmada por la presidenta Loreto Iturriaga, y el abogado de la Fundación y de algunos reos de Punta Peuco, Raúl Meza, apuntó a que la decisión informada por el presidente Boric “es arbitraria e ilegal y vulnera garantías fundamentales consagradas en la Constitución y en la Convención sobre la Protección de los DD. HH. de las personas mayores suscritas por el Estado chileno”.

En esa línea, señalaron que presentarán el recurso de protección para que la medida no se lleve a cabo, o, en su defecto, que la decisión “sea postergada para el nuevo gobierno”.