Este miércoles en la comuna de Talagante, en lo que marca un precedente para la lucha ambiental en Chile, se realizó la formalización en contra de cinco ejecutivos del relleno sanitario Santa Marta, a quienes se les acusa de poner en peligro la salud y el abastecimiento de la población.
Entre los antecedentes, destaca un incendio que en 2016 tapó con humo a todo Santiago tras una avalancha de basura, denuncias de malos olores y, recientemente, la contaminación del estero El Gato, que antes fuera hábitat de peces, coipos y otras especies, hoy está reducido a un cauce de color café, maloliente y carente de vida. Según los habitantes de Lonquén, el agua de lo que queda del estero ha causado la muerte de decenas de animales.
En este contexto, la Fiscalía de Talagante formalizó a tres miembros del actual directorio y dos ex directores: Juan Eduardo Irarrázaval, Giorgio Benucci, Andrés Ruiz-Tagle, Gustavo Silva y Guillermo Ruiz, por su responsabilidad en el daño ambiental causado.
Durante el proceso de juicio, el fiscal de Talagante, Heriberto Reyes, argumentó que “estos hechos configuran el delito previsto en el Artículo 291 del Código Penal, un delito de peligro que castiga al que de cualquier forma vierta sobre algunos de los componentes de la naturaleza cualquier sustancia susceptible de causar daño“.
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Por su parte, Mauricio Pagueguy, abogado querellante, manifestó que “el dolo está manifestado porque ellos, a sabiendas de las consecuencias contaminantes detrás de los químicos que se vierten en puntos de descarga ilegales en el agua, siguen adelante sus operaciones como si nada”.
Las acusaciones establecieron que todo se remontó al año 2016, con el incendio producto de basura apilada que propagó humo por toda la capital y terminó en una condena del Tribunal Ambiental ratificada por la Corte Suprema.
Al respecto, el fiscal Reyes recordó que “a la época del derrumbe, la planta de tratamiento de agua ya estaba sobrepasada en su capacidad (…) por el exceso de humedad, o sea, porque no podían manejar la cantidad de percolados que acumulaban, es que se provocó el derrumbe y reciben un último golpe mortal cuando la autoridad ambiental les dice que el sistema terciario ya no va más“.
Dicho sistema consistía en regar zonas de bosque nativo aledaño con el agua supuestamente tratada, pero que generó daños en los árboles. Como la autoridad no les permitió continuar con ese proceso, finalmente construyeron un tubo de descarga hacia el estero El Gato, algo que, en palabras del fiscal, “la Dirección General de Aguas manifiesta desconocer totalmente este tipo de tuberías”.
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De acuerdo a informes de la Superintendencia del Medioambiente, además de verter de manera ilegal, el ducto vierte agua altamente contaminada. Los cloruros, por ejemplo, sobrepasan en 106 y 109 veces los parámetros establecidos por la norma de calidad, según información expuesta por el fiscal Reyes.
En tanto, la defensa representada por la abogada Bárbara Salinas, expresó que “las alegaciones dicen relación con las aguas, que están protegidas en otra norma jurídica que es el Artículo 315 del Código Penal, adicionalmente, se requiere un dolo especial y eso tampoco se pudo sostener en la formalización”.
La Fiscalía solicitó el arraigo nacional de los imputados, mientras que la parte querellante pidió el arresto domiciliario total. Este viernes el magistrado resolverá si acoge las medidas cautelares solicitadas.
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