Una salida alternativa es la que Fiscalía permitió a 26 imputados por los saqueos a un supermercado de Conchalí el pasado 18 de octubre, durante el estado de emergencia.
La solicitud del persecutor Ulises Berríos fue acogida por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, donde se fijó la audiencia para la suspensión condicional. La determinación no fue bien recibida por abogados convocados por el Gobierno, quienes la calificaron como una “pésima señal”.
Las imputaciones corresponden a sujetos que fueron detenidos el 21 de octubre durante el estado de emergencia. Según el Ministerio Público, la conducta irreprochable de los detenidos fue fundamento necesario para bajar la pena del ilícito.
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Uno de los tantos saqueos que afectó a comercios en Chile fue el que se vivió en un supermercado ubicado en la Av. Independencia, comuna de Conchalí, el 21 de octubre pasadas las 18:30 horas. En ese lugar 26 personas fueron detenidas en delito de flagrancia.
De estos 26 detenidos, 12 son extranjeros de nacionalidades peruana, venezolana, colombiana y dominicana.
Para cada uno de los casos, el Gobierno se querelló por la Ley de Seguridad Interior del Estado, buscando culpabilidad en quienes destruyan, paralicen servicios públicos o de actividades comerciales de carácter público.
Cambios en la ley
El jueves pasado la Cámara de Diputados aprobó la ley “antisaqueos”, con la que se busca endurecer las penas contra quienes “turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobable”.
Este proyecto va acompañado de agravantes por posesión de armas de fuego, o lanzamientos de bombas molotov y también fiscalizará “desordenes violentos” en distintas medidas, las cuales serán evaluadas caso a caso.
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Por su cuenta, la diputada Marcela Sabat señaló que la nueva ley busca elevar la pena actual que es de 541 días y llevarlo a 3 años. A su vez destacó que se debe proponer una nueva definición de delito por desordenes públicos, así como una modificación al artículo 269.
La modificación propone tres figuras agravadas: llevar a cabo saqueos, uso de armas y poner en riesgo la vida de las personas. Para dichos casos, la propuesta es que las penas puedan llegar a 10 años de presidio mayor en su gradó mínimo.
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