El objetivo de la iniciativa, según explicó el fiscal Ángel Valencia, sería evitar que reclusos con múltiples nombres o registros erróneos burlen la justicia, como ocurrió con el presunto sicario Alberto Mejía, hoy prófugo y buscado por Interpol.
A raíz de la polémica excarcelación de Alberto Mejía Hernández —el denominado “sicario de Meiggs”, hoy prófugo de la justicia— el fiscal nacional Ángel Valencia llegó este lunes hasta la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para abordar directamente las fallas del sistema penal que permitieron su liberación.
Lo hizo acompañado del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y del director (s) de Gendarmería, Rubén Pérez.
Durante la sesión, Valencia anunció que el Ministerio Público enviará un oficio formal a Gendarmería entre hoy y la mañana del martes, solicitando un catastro actualizado de todas las personas extranjeras que actualmente se encuentran privadas de libertad en centros penitenciarios del país.
La medida busca identificar posibles errores en la individualización de reclusos, como ocurrió con Mejía, quien ingresó al sistema bajo una identidad falsa.
“Lo que queremos es verificar qué hemos hecho para determinar la identidad de esas personas y evitar que esto nos vuelva a pasar”, señaló el fiscal nacional.
Alberto Mejía Hernández, de nacionalidad venezolana, fue formalizado por el homicidio del comerciante del Barrio Meiggs, José Reyes.
Sin embargo, durante el proceso judicial fue erróneamente identificado como Osmar Ferrer, nombre con el que ingresó al sistema penitenciario.
Según explicó Valencia ante los diputados, este no era un caso aislado: Mejía ya había sido detenido en 2022 por otras causas, en las cuales también figuraba con una identidad distinta, recogió La Tercera.
“Lo llevamos con un nombre distinto, lo perseguimos con un nombre distinto, lo formalizamos con un nombre distinto, ingresa con un nombre diferente”, detalló.
La confusión identitaria fue un factor clave en la cadena de errores que culminó con la liberación del presunto sicario el pasado 10 de julio.
Tres días después, el imputado escapó del país por un paso no habilitado en la frontera con Perú, y hoy cuenta con una alerta roja de Interpol.
Valencia recordó que en 2023 se implementó una resolución que instruía a los fiscales a solicitar prisión preventiva para cualquier imputado cuya identidad no pudiera ser verificada.
A raíz de esa medida, se instaló un puesto del Registro Civil dentro del Centro de Justicia para tomar huellas digitales y confirmar datos biométricos de los detenidos.
Sin embargo, aclaró que cuando Mejía fue formalizado por primera vez en 2022, dicha directriz aún no estaba vigente.
Por eso, el nuevo oficio busca identificar a todos los extranjeros encarcelados que pudieron haber ingresado al sistema bajo una identidad errónea antes de que se aplicaran estos controles.
Según Valencia, existe el riesgo de que “alguien esté cumpliendo condena con un nombre falso, y al mismo tiempo sea buscado por otro crimen bajo su verdadera identidad. Con esta información, podremos cotejar con nuestras bases de datos y evitar futuros errores graves como este”.
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