Este martes se dio a conocer la apertura de una investigación por un presunto delito de extorsión tras la denuncia presentada por una exfuncionaria del Ministerio del Interior.
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte encabeza las indagatorias del caso, luego de que la mujer acusara que fue amenazada con la difusión de conversaciones privadas que había mantenido a través de WhatsApp con otra persona de la misma cartera, a menos que pagara una suma de dinero.
La denuncia detalla que, en diciembre de 2023, la exfuncionaria recibió correos electrónicos en los que se le exigían $2 millones a cambio de no divulgar “conversaciones de carácter sensible” extraídas de sus cuentas de WhatsApp y correo electrónico, consignó un reportaje de Ciper.
Los correos contenían amenazas explícitas, incluyendo frases como: “Hemos hackeado su WhatsApp y obtenido sus conversaciones. Tenemos los contactos de los involucrados y conocemos su calidad de funcionario público de confianza…”.
El primer mensaje habría sido recibido el 27 de diciembre de 2023, cuando la mujer aún trabajaba en el ministerio. Posteriormente, el 10 de enero de 2024, la funcionaria presentó una querella criminal ante la justicia, donde se solicitan investigaciones por extorsión y acceso ilícito a información.
En un giro extraño, el 29 de diciembre de 2023, la mujer recibió un mensaje a través de Telegram de una persona que dijo ser la autora de la extorsión. En el mensaje, el remitente se disculpó y afirmó haber borrado toda la información.
La Policía de Investigaciones (PDI) está llevando a cabo diligencias para esclarecer el caso, lo que incluye el análisis de los dispositivos electrónicos de la exfuncionaria y la búsqueda de posibles huellas digitales de los presuntos autores del ataque cibernético.
En la querella, se pide específicamente una “pericia informática” de los teléfonos y computadoras de los involucrados para rastrear las direcciones IP desde donde se enviaron los mensajes extorsivos.
Además, la exfuncionaria ha solicitado que se cite a declarar a varias personas, entre ellas algunos funcionarios del Ministerio del Interior, como parte de la investigación.
La fiscal Liliana Machuca está a cargo de la indagatoria, que hasta ahora mantiene un carácter reservado.
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