La Fiscalía Regional de Coquimbo, encabezada por el fiscal Patricio Cooper, solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago autorización para allanar una serie de domicilios, incluyendo dependencias del Palacio de La Moneda, en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias contra la exsenadora Isabel Allende.
Según información recabada por Radio Bío Bío, los lugares que el Ministerio Público buscaba registrar eran:
De Isabel Allende: tres domicilios, entre ellos una oficina en el Congreso Nacional.
- De Maya Fernández, ministra de Defensa: tres inmuebles, incluido su despacho en el Ministerio de Defensa.
- De Felipe Vio, abogado de la familia Allende: cinco domicilios en Vitacura, Providencia, Valparaíso y Santiago.
- De los exasesores Leonardo Moreno y Bernardita Nazar: domicilios particulares y oficinas dentro del Palacio de La Moneda.
La solicitud incluía también el permiso para incautar teléfonos móviles y correos electrónicos —personales e institucionales— de los mencionados.
Para fundamentar el requerimiento, la Fiscalía presentó declaraciones y registros telefónicos interceptados al asesor presidencial Miguel Crispi, que habrían aludido a gestiones relacionadas con un inmueble perteneciente a la familia Allende.
Sin embargo, el tribunal rechazó la petición. El juez Cristian Azócar sostuvo que los antecedentes expuestos eran insuficientes y que el derecho penal debe emplearse de forma excepcional y fundada. Además, indicó que no había evidencia de que los imputados utilizaran su posición para influir en decisiones gubernamentales, considerando que el propio presidente Gabriel Boric había instruido formalmente las gestiones de compra.
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