Anuncian fecha de votación para la acusación constitucional contra el ministro Jackson

Por CNN Chile

17.01.2023 / 00:07

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La Cámara Baja sesionará esta semana para discutir y votar el libelo acusatorio que ingresó el Partido Republicano contra el ministro de Desarrollo Social, y cuyo argumento central es "el abuso de autoridad y poder".


La jornada de este lunes se anunció la fecha en que la Cámara de Diputadas y Diputadas discutirá la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

La Cámara Baja sesionará el próximo jueves 19 de enero a las 10:00 horas para votar el libelo acusatorio que ingresó el Partido Republicano contra el secretario de Estado.

Cabe mencionar que por sorteo, la comisión que revisará la acusación contra Jackson está compuesta tres parlamentarios oficialistas y dos opositores: Joaquín Lavín (UDI), Karol Cariola (PC), Clara Sagardia (IND-CS), Bernardo Berger (IND-RN) y Ericka Ñanco (RD).

¿De qué se acusa al ministro?

De acuerdo con el documento que se ingresó en el Congreso, el argumento central de la acusación es “el abuso de autoridad y poder reflejado en un ministro de Estado que, por su cercanía con el presidente y aparente inamovilidad, traspasó los límites de su propia autoridad, vulnerando la Constitución y las leyes”.

Asimismo, se menciona a la ex seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, como “la víctima de una operación política que buscaba borrarla del mapa de la administración pública simplemente por no seguir el guion político oficial”.

En esta línea, señalan que la “valentía” de Hidalgo fue lo que “desencadenó una serie de actos, hitos y declaraciones, que ratifican el actuar abusivo del ministro Jackson y su desapego, en la forma y en el fondo, con el estándar ético, jurídico y moral” que requiere el cargo.

Sin embargo, a este asunto se suma “un problema más profundo y complejo“ que, según el documento, guarda relación con el nombramiento de Jackson como ministro. “Desde la designación comienza un total abandono de esa cartera del Estado y una falta de supervigilancia transversal a programas y servicios dependientes”.