Tras el fallido intento de compra de una casa del expresidente Salvador Allende, han sucedido una serie de declaraciones del Gobierno, así como críticas por parte de la oposición y también del oficialismo.
Este lunes fue el turno de la familia Allende Bussi, que emitió un comunicado señalando que desde que el Gobierno “hizo público su propósito de transformar en casas museos las residencias de los presidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin, la familia Allende acogió la decisión con la convicción sobre la relevancia del proyecto”.
Añadiendo que la vivienda ubicada en Guardia Vieja (Providencia) ha sido parte de la historia familiar desde 1953, y ha albergado “vivencias de la historia republicana que marcaron a Chile y el mundo”.
“Por el gran interés que genera, ha sido visitada por jefes de Estado y destacadas personalidades del mundo: artísticas, científicas, filosóficas y políticas, así como también se ha llenado de ciudadanas y ciudadanos chilenos en las ocasiones en que, como familia, hemos adherido a las jornadas del día del patrimonio, abriendo las puertas para que pueda ser visitada por un público muy diverso”, manifestaron, explicando sus razones para adherir la venta del inmueble.
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El problema surge, ya que la Constitución establece la prohibición de celebrar contratos entre el Gobierno y parlamentarios o ministros, como es el caso de la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa, Maya Fernández, quienes figuran como copropietarias de la casa.
De ese modo, en el escrito la familia indicó que la vivienda es centro de sus encuentros importantes, y que si bien existe apego, “adherimos al proyecto del Gobierno y nuestra única motivación ha sido que la casa se transforme en un museo, como ocurre con los sitios republicanos simbólicos en tantas partes del mundo”.
En ese sentido, aseveraron que durante el proceso se llevaron a cabo los trámites respectivos, y que “tal como compartimos en su momento la iniciativa, compartimos ahora la decisión de desistirse de la adquisición de la residencia familiar”.
Así las cosas, la polémica compra del inmueble provocó la salida de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. En todo caso, la situación no quedó ahí, ya que los ojos están puestos sobre Maya Fernández, ya que algunos buscan que la responsabilidad se haga valer sobre ella también.
Además, hasta ahora sigue sobre la mesa la pregunta de cómo nadie advirtió que la situación era inconstitucional.
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