La presidenta del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha, también manifestó apertura a respaldar la ofensiva parlamentaria.
El ministro de Energía, Diego Pardow, enfrenta una creciente presión política luego de que se diera a conocer un Informe Técnico Preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que detectó cobros excesivos en las cuentas de electricidad durante 2024 y 2025.
El documento ha generado un fuerte remezón en el mundo político y amenaza con escalar a una acusación constitucional.
La primera en tomar acciones fue la bancada de la UDI, que anunció este miércoles la presentación formal de un libelo contra el secretario de Estado, acusando negligencia en la supervisión del sistema tarifario. Desde el Congreso, la idea comenzó rápidamente a sumar respaldos en otros sectores de la oposición.
El diputado Juan Irarrázaval (Partido Republicano) confirmó que su bancada se sumará a la ofensiva parlamentaria, recogió La Tercera.
“Aquí hay antecedentes graves, y por cierto esta bancada se va a sumar a la acusación constitucional que ha presentado la UDI”, declaró. Además, ofreció apoyo técnico y jurídico para avanzar con el texto acusatorio.
Pero las críticas no se detienen en Pardow. El diputado Benjamín Moreno, también republicano e integrante de la Comisión de Minería y Energía, amplió el foco y pidió que sean citadas a la comisión diversas autoridades actuales y pasadas, incluyendo al exsubsecretario Julio Maturana, quien estuvo en el cargo entre 2022 y 2023.
“El señor Julio Maturana, integrante del comando de Jeannette Jara, tiene que decidir si es que va a hacer campaña con recursos públicos, al igual que Laura Albornoz, al igual que Francisco Vidal, donde esto ya se está empezando a convertir en un modus operandi de la campaña de Jeannette Jara, o si va a dedicarse a ser jefe de división y presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear”, señaló Moreno.
Por su parte, la presidenta del Partido Social Cristiano (PSC), Sara Concha, también manifestó apertura a respaldar la ofensiva parlamentaria.
“Estamos disponibles a evaluar sumarnos a cualquier decisión fiscalizadora, ya sea una acusación constitucional u otras acciones. Este gobierno debe asumir la responsabilidad de sus errores reiterados”, sostuvo.
Desde el Ministerio de Energía, por ahora, no ha habido una declaración oficial en respuesta a las amenazas de acusación constitucional ni a los emplazamientos por el rol de funcionarios ligados a campañas políticas.
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