El secretario de Estado también detalló que la medida, enmarcada en el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, contempla un aporte cuya magnitud aún está en evaluación.
En medio del debate político que generó la decisión del Gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió este jueves la medida y cuestionó a quienes la han criticado desde la oposición.
“La indolencia de quienes cuestionan esta decisión llama la atención”, afirmó el secretario de Estado, subrayando que el apoyo no responde a afinidades ideológicas ni a presiones políticas, sino a la situación que enfrentan las familias en la isla.
La determinación fue confirmada este jueves por el Ejecutivo. El canciller Alberto van Klaveren precisó que el aporte se enmarca en el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza y que aún se evalúa su magnitud.
Según detalló, los recursos tendrán carácter estrictamente humanitario y estarán dirigidos al pueblo cubano.
Desde La Moneda indicaron que la ayuda se canalizará a través de agencias del sistema de Naciones Unidas, con el objetivo de asegurar transparencia y correcto uso de los fondos.
Ante los cuestionamientos, Elizalde fue enfático en separar la asistencia de cualquier respaldo político al régimen cubano.
“Al margen de la opinión que se tenga del régimen, del cual personalmente soy muy crítico, esta ayuda responde a una profunda convicción sobre la compleja situación humanitaria que enfrentan las familias en Cuba”, señaló.
El ministro recordó que Chile ha impulsado apoyos similares en otros contextos internacionales, como en Ucrania y Gaza, y mencionó que tras el terremoto de 2010 Cuba envió personal médico al país.
“Esta es una ayuda del Estado de Chile al pueblo cubano, no a su gobierno”, afirmó.
Finalmente, insistió en que la postura crítica frente al régimen no debe traducirse en indiferencia frente a las necesidades de la población.
“Ser críticos no puede significar ser indolentes con el hambre de su pueblo. Nunca debemos perder la humanidad”, puntualizó.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.
