El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, abordó los avances de los proyectos de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), el Ministerio de Seguridad y la nueva ley antiterrorista en el Congreso, retomados tras el asesinato de tres carabineros en la comuna de Cañete.
El secretario de Estado valoró el esfuerzo realizado por los parlamentarios para dotar al país de “herramientas efectivas” en materia de seguridad.
“Son normas que creemos es relevante que sean aprobadas con celeridad para contar con más y mejores herramientas para enfrentar el desafío que tenemos en materia de seguridad”, sostuvo en conversación con TVN.
Respecto a los próximos trámites legislativos sobre las RUF, Elizalde no descartó que el Ejecutivo recurra al Tribunal Constitucional (TC) si el Senado intenta reintroducir la indicación sobre justicia militar, declarada inadmisible por la Cámara de Diputadas y Diputados.
“Una vez que declaran inadmisible una norma, sería poco riguroso que existiera en la misma norma en la cámara revisora (…) Hay distintos mecanismos para velar por el respeto a la Constitución, esperamos que se respete la Constitución y en caso de que eso no ocurra, pueden recurrir al Tribunal Constitucional los mismos parlamentarios”, expresó.
A pesar de reconocer que los proyectos aún deben pasar por etapas legislativas adicionales para resolver diferencias, Elizalde resaltó el acuerdo alcanzado en la nueva ley antiterrorista, la cual considera vital para mejorar la eficiencia en su aplicación.
Además, enfatizó la importancia de que los delitos, como el asesinato de los carabineros, reciban la sanción correspondiente, destacando la necesidad de una legislación efectiva.
“Quiero ser bien claro, cuando actualmente uno no se querella por la Ley Antiterrorista, pareciera que la conducta quedara impune (…) Es claro que la ley actual no sirve y preliminarmente diría que por la forma en que se cometió este delito (asesinato de carabineros), podría catalogarlo como un delito terrorista, pero es necesario que se lleve adelante la investigación para saber el móvil y proceder con una calificación jurídica”, indicó.
En esa misma línea, añadió no tener dudas “que una ley en forma, como la que se ha presentado, habría sido una buena herramienta, pero esto no significa que este hecho vaya a quedar en la impunidad y va a recibir la máxima sanción que permite la ley”.
En cuanto al debate sobre la eliminación de las semanas distritales para priorizar proyectos de seguridad, el ministro señaló que el Gobierno respeta la autonomía del Congreso, pero subrayó la urgencia de cumplir con las prioridades gubernamentales en esta materia.
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