La decisión se enmarca en el plan de readecuación penitenciaria impulsado por el Ministerio de Justicia ante la grave sobrepoblación carcelaria que afecta al país.
El gobierno avanza en la transformación de Punta Peuco, el penal donde actualmente cumplen condena exmilitares y agentes del Estado por crímenes de lesa humanidad, con el objetivo de convertirlo en una cárcel común y terminar con el régimen especial que ha regido por décadas.
La decisión, que fue anunciada por el Presidente Gabriel Boric durante su última Cuenta Pública, se enmarca en el plan de readecuación penitenciaria impulsado por el Ministerio de Justicia ante la grave sobrepoblación carcelaria que afecta al país.
Actualmente, Punta Peuco cuenta con condiciones excepcionales en comparación con otros penales del sistema: según un catastro interno de Gendarmería, los internos disponen de 73 televisores, más de 100 refrigeradores, calefactores individuales, microondas, lavadoras y colchones particulares, recogió La Tercera.
Funcionarios de Gendarmería ya han comenzado las inspecciones y trabajos preliminares en el penal ubicado en Tiltil. Uno de los principales cambios será la habilitación de nuevas celdas para albergar a personas condenadas por delitos comunes, en su mayoría adultos mayores con bajo compromiso delictual.
Se espera que una primera fase de la reconversión esté operativa en enero de 2026, con al menos 30 nuevas plazas disponibles para internos comunes, quienes podrían incluso convivir con los actuales residentes del penal durante un periodo de transición y clasificación.
Además, se eliminarán privilegios como el ingreso de visitas por accesos diferenciados y la recepción en patios internos. En su lugar, se construirá un galpón modular de 360 metros cuadrados para visitas, en el área donde hoy existe una cancha de tenis.
El proyecto también contempla una modernización completa del sistema eléctrico del penal, actualmente sobrecargado, así como la instalación de nuevas dependencias modulares para uso técnico y administrativo de Gendarmería.
En paralelo, se está licitando un nuevo sistema electrónico de seguridad por un valor aproximado de $260 millones, que permitirá reforzar el control interno ante la llegada de nuevos reclusos.
A pesar del avance material, la reconversión aún depende de un paso administrativo fundamental: la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República del decreto supremo que oficializa el cambio de estatus del penal.
El documento fue enviado por el Ejecutivo a principios de julio y sigue en revisión.
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